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La Fiscalía General de Querétaro confirmó la detención y auto de formal prisión que se les dictó a un particular y a cinco ex funcionarios de la administración estatal pasada, debido a que son acusados de fraude genérico maquinado y desempeño indebido del servicio público, tras haber causado un daño por 7 millones de pesos al patrimonio del estado.
El fiscal de investigación, Eric Luna, explicó que los imputados —de quienes no se proporcionó la identidad ni cargos que ocuparon— están relacionados con la simulación en la entrega de un sistema automatizado de control de gestión, para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Señaló que en 2014, cuando el anterior gobierno estatal se encontraba en la etapa final, se otorgó el proyecto de la instalación de software para la implementación del sistema de penal mediante una licitación a una empresa, cuyo representante legal entregó el proyecto garantizando su terminación y óptimo funcionamiento.
Aunque la fiscalía no lo precisó, extraoficialmente se conoció que los ex servidores públicos que enfrentan el proceso sancionatorio desempeñaron los siguientes cargos: directores de Tecnologías de la Información de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública estatal, de la desaparecida Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Querétaro, y el oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Pese a que los nombres de los funcionarios se encuentran bajo reserva de la Fiscalía General del estado, son señalados como los responsables de adquirir el software necesario para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo cual incumplieron y fueron detectados durante una revisión y auditoría.
Se aseguró que los ex funcionarios imputados tuvieron injerencia de manera directa e indirecta en la validación del proyecto, así como en la supervisión del funcionamiento; “sin embargo, dicho proyecto resulto deficiente en su funcionalidad”.
Dicha situación, dijo, generó un perjuicio a la administración pública del estado por más de 7 millones de pesos, “que son recursos aportados por la sociedad queretana”.
Respecto al desempeño indebido del servicio público, dijo que los agentes debían informar a su superior por escrito “para que tuviera conocimiento y se tomarán medidas necesarias, a efecto de evitar el perjuicio de la administración pública del estado”.
Precisó que, ayer lunes,la autoridad de la Fiscalía dictó el auto de término de formal prisión, “en donde a cinco de estas personas se les decretó la formal prisión y ya se encuentran internas en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto”.
Debido a la gravedad del delito de fraude maquinado genérico que se les imputa, no tienen derecho a la libertad bajo caución, indicó, “y en cuanto de desempeño indebido del servicio público la ley contempla que se resarciera el daño causado a gobierno que asciende a los 7 millones de pesos”.
