Una novena policía fue detenida y vinculada a proceso por los delitos de robo específico (a casa habitación), robo calificado, abuso de autoridad y extorsión, confirmó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Consuelo Rosillo Garfias.
La mujer se suma a la “banda de policías” que fue aprehendida el pasado viernes 18 de mayo, y debido a que fue detenida en un tiempo diferente, su caso se desahogó en audiencia aparte.
“Ya fue presentada, no pidió ampliación de audiencia como sus compañeros, el mismo día fue resuelta su situación jurídica; se decretó la vinculación a proceso, se concedieron tres meses de investigación complementaria que terminan el 21 de agosto, estaremos pendientes para ver los datos de prueba en la investigación complementaria, ella queda interna” explicó la presidenta del tribunal.
Consuelo Rosillo dijo que se solicitó la orden de aprehensión por las nueve personas presuntamente involucradas en diversos delitos, pero primero se logró cumplimentar la orden por los ocho policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
“En el caso de la persona femenina fue presentada y apenas se llevó a cabo su audiencia, fue separada porque la detención fue en momentos diferentes (…) no podemos decir de un número determinado de la pena que alcanzarían, hay que ver si será por delitos autónomos para saber si es acumulación de penas”, comentó.
Delitos
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que los investigadores recabaron indicios de que los imputados robaron teléfonos celulares, dinero en efectivo (5 mil pesos) a dos personas que luego abandonaron en un sitio despoblado, después de pedirles 20 mil pesos para dejarlos ir.
A otra persona la golpearon y la obligaron a subir a un coche para trasladarla a su domicilio en donde robaron una caja fuerte de donde robaron 4 mil 800 dólares y otros objetos de valor, todo ello en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
También encontraron cartuchos útiles para arma de fuego y drogas en los cateos realizados a los domicilios de los elementos de seguridad señalados como presuntos responsables.
Los ocho policías solicitaron una ampliación de plazo para la audiencia inicial, por lo que —hasta este miércoles— no estaba resuelta su situación jurídica, por lo pronto continúan en prisión preventiva.
La magistrada enfatizó que cada delito tiene sanciones estipuladas en el código penal con plazos mínimos y máximos en cada caso, y será la Fiscalía General la que documente el caso y solicite al juez de causa si las acusaciones serán autónomas o no.
En cualquier caso, mencionó que por los delitos mencionados la pena alcanza hasta los 30 años de prisión, que tiene agravante cuando son servidores públicos.
