En el robo de combustibles, Petróleos Mexicanos (Pemex) está copado por cárteles del narcotráfico, grupos especializados, bandas criminales, comunidades asentadas en las inmediaciones de los ductos, gasolineros propietarios de estaciones de servicio, empresarios que compran combustible hurtado, empleados, y ex trabajadores de Pemex, así como autoridades responsables de la seguridad pública.
De acuerdo con la empresa EnergeA, Proyectos de Energía del Grupo Atalaya, que fue contratada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para elaborar un estudio que permitiera analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos, el robo de combustibles involucra al menos a ocho actores activos que tienen en jaque a Pemex.
La investigación de campo que fue entregada a la CRE en mayo del año pasado, cita información de The Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual identificó a una red de gasolineros asociados a Juan José Esparragoza Moreno, alías El Azul, líder del Cártel de Sinaloa.
Sostiene que los miembros de ese cártel están asociados a la extracción de gasolina y diésel del poliducto Culiacán-Topolobampo.
Mario Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, jefe de seguridad de El Chapo Guzmán, era, hasta su muerte en abril de 2016, el encargado de la sustracción ilícita de hidrocarburos en esa entidad.
Se adueñan de territorios
El combustible robado suele ser almacenado en domicilios particulares, tiendas de abarrotes y en negocios donde se venden insumos para la actividad agrícola.
En Altamira, Tamaulipas, los miembros del Cártel del Golfo están asociados a la sustracción ilegal que se realiza en el poliducto Madero-Cadereyta, aunque también hay presencia de bandas criminales locales, que realizan tomas clandestinas a la red de ductos de Pemex.
Problema de magnitud
En las conclusiones del Estudio para Analizar la Problemática de Seguridad Física en las Instalaciones del Sector de Hidrocarburos y Emitir Recomendaciones para el Reconocimiento de Costos por Concepto de Seguridad que la CRE lleva a cabo en sus Procesos de Revisión de Tarifas —que tuvo un costo de 5.1 millones de pesos—, EnergeA, Proyectos de Energía sostiene que el robo de hidrocarburos es un fenómeno complejo que frecuentemente se simplifica tomando como indicador únicamente el número de tomas clandestinas, esto implica la tendencia a confundir estos números con la magnitud del problema, cuando en realidad son cosas distintas.
Por ello, a los cárteles se suman otros actores que fueron identificados con trabajo de campo y entrevistas a actores del sector industrial, tanto público como privado, para corroborar la información.
Están los grupos especializados, que cuentan con conocimientos técnicos y herramientas para realizar tomas clandestinas. Trabajan en células armadas que se encargad de tareas segmentadas: vigilancia, perforación, custodia y traslado de combustible en pipas o autotanques.
También participan las comunidades asentadas en las inmediaciones del derecho de vía de los ductos, que al detectar una fuga de combustible, aprovechan la ocasión para robar el hidrocarburo con jícaras, cubetas, botes o tinas. Sus acciones no están enfocadas a vulnerar de forma deliberada la infraestructura de Pemex.
Las investigaciones también señalaron la participación de empleados y ex empleados de Pemex, que son las personas que utilizan o proveen información sobre la operación, instalaciones, logística y actividades de la empresa productiva del Estado, para permitir o cometer los delitos de robo de combustibles.
Otro eslabón en el llamado huachicoleo son los gasolineros que comercializan combustible robado, adulterado o en cantidades menores a la registrada en los instrumentos de medición.
También están los propietarios de industrias privadas que compran combustible robado para su proceso productivo.
Finalmente, otro sector involucrado son las autoridades de seguridad pública, aquellos servidores de los tres órdenes de gobierno que permiten, realizan o brindan custodia y protección a otros actores, en la sustracción ilícita de hidrocarburos.
bft
