Con el objetivo de garantizar justicia en Querétaro se actuará con responsabilidad y estricto apego a la ley, por lo que habrá cero tolerancia a quien no cumpla con lo estipulado en las leyes, aseveró el gobernador Maucio Kuri González durante la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad donde se presentó y aprobó el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027.
El programa, explicó, es el instrumento de rendición de cuentas, delineado para que las y los ciudadanos tengan certeza del rumbo y trabajo que se realizará en los próximos años, para garantizar los derechos, libertades e integridad de las personas, así como la tranquilidad y paz de los espacios públicos de las y los queretanos.
“Con el Programa Estatal de Seguridad, tenemos una ruta a seguir por el gobierno estatal y los gobiernos municipales; así como por las instituciones participantes y la invaluable participación ciudadana (…). En Querétaro no hay espacio para el delito, y para ello, emplearemos toda la inteligencia, la profesionalización y la tecnología a nuestro alcance”, expresó.
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Miguel Ángel Contreras Álvarez, especificó que el plan fue creado con el resultado de 377 foros ciudadanos y más de 12 mil encuestas realizadas entre la población durante octubre y noviembre.
A través de estos instrumentos se identificó que la ciudadanía ha detectado un incremento de denuncias por robos, lesiones, amenazas, violencia familiar y de género, y llamadas de extorsión; la falta de respuesta en la línea de emergencia 911; hay cierta molestia por la poca sanción de las faltas administrativas; exigen más patrullaje; hay señalamiento por una deficiente comunicación de resultados; y tienen una alta expectativa de mejorar la seguridad.
El programa está compuesto por cinco líneas estratégicas, 18 acciones y 64 programas transversales. Entre las líneas estratégicas están: mayor profesionalización de policías; gestión de las corporaciones policiales con enfoque de actuación preventivo, policía de proximidad como agente para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia; procurar que los ciudadanos se involucren en acciones concretas para la construcción de la seguridad en sus comunidades, y transparencia, que incluye evaluación del desempeño.
