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Durante varios meses se hizo pasar por licenciado en Derecho y cobró diversas cantidades de dinero por supuestas asesorías jurídicas sin contar con la cédula profesional que lo acreditara para ejercer la profesión; ahora enfrenta un proceso penal en prisión preventiva justificada por fraude y usurpación de profesión, luego de que la Fiscalía obtuviera en audiencia inicial la vinculación y dicha medida cautelar por parte de la autoridad judicial.
Las víctimas le pagaron en efectivo y mediante transferencias bancarias por sus supuestos servicios profesionales, descubriendo posteriormente que nunca tuvo la formación ni autorización legal para ejercer como abogado.
El juez de control fijó un plazo de dos meses para la etapa complementaria, durante la cual se recabarán más elementos para fortalecer la investigación.