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La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene una carpeta de investigación abierta relacionada con Libertad Servicios Financieros; sin embargo, no se dieron detalles sobre qué tipo de delito, informó Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la FGE.
A pregunta expresa sobre un presunto fraude en la compra de un terreno en donde se construyó un edificio de esa institución financiera, el fiscal explicó que no existe una denuncia por ese hecho en específico, pero sí hay otra que tienen en esa dependencia, aunque tampoco dio fecha de cuándo fue presentada ni por quién.
“Nosotros tenemos otra denuncia, pero no es por ese hecho [fraude]; en este momento como se trata de una investigación delicada no les puedo dar detalles”, se limitó a declarar el funcionario.
El fiscal expresó que el caso de Libertad Servicios Financieros compete al ámbito federal, y también aludió a la demanda que presentaría el gobernador Francisco Domínguez Servién en la que tampoco intervendrá la Fiscalía local por tratarse de un asunto de carácter civil.
“Me parece que es un asunto totalmente de carácter federal, seguramente la federación dará alguna respuesta (…), yo tengo entendido que lo que ha expresado el gobernador es que va a demandar a esta persona por la vía que corresponde que no es la vía penal”, mencionó Alejandro Echeverría.
Sobre el caso, el gobernador Francisco Domínguez Servién, dijo que será esta semana cuando presente la demanda en contra de Sergio Bustamante quien señaló al queretano como uno de los presuntos beneficiarios en las operaciones ilícitas que giran entorno a la institución financiera.
Sergio Bustamante describió en su declaración cómo supuestamente se entregaron millones de pesos para financiar la campaña del panista en 2015; “si tiene sustento el señor Bustamante, que lo acredite”, fueron las palabras del mandatario.
El mandatario también aclaró que la llamada de extorsión la recibió de un sujeto que se hizo pasar por un líder de Morena “mas no fue el líder de Morena”, estableciendo así que no hay ninguna acusación hacia ese partido político.
La semana pasada, tras darse a conocer el nombre del gobernador como uno de los presuntos involucrados en el caso del abogado Juan Collado, recibió una llamada telefónica en donde le solicitaron 7 millones 300 mil pesos para generar 160 desplegados que le ayudarían a “bajar el tema”.
De esa llamada registró el número telefónico y el número de cuenta bancaria para la transacción, datos que afirmó también pondrá a disposición de las autoridades para la respectiva investigación.
