Roxana Ávalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), negó que existiera una huelga de hambre en el Centro Penitenciario de San Juan del Río (CP3), pese a que la anterior administración estatal confirmó que se realizó y que duró un par de días.
Declaró que en cuanto familiares de internos reportaron la huelga a la DDHQ, acudió al lugar la visitadora penitenciaria de la defensoría, quien notificó que durante su visita todos los reos estaban comiendo.
Ávalos Vázquez respaldó la decisión de las autoridades de negar el acceso a visitas, lo que, se reportó, había sido la causa de la huelga.
El reporte que se recibió de familiares de quienes se encuentran en el CP3 era respecto a un espacio específico del centro. En cuanto se realizó el recorrido por parte de la visitadora, se vio que no había huelga. “Cuando se presentó el personal de la Defensoría al Centro Penitenciario, lo que observaron en ese momento y dieron fe fue que, precisamente, la gente estaba comiendo, entonces, por eso nosotros tenemos que investigar lo que nos dicen los familiares con lo que realmente está pasando, por eso se hace la investigación”, argumentó.
La DDHQ realiza visitas semanales a los centros de internamiento en la entidad, para garantizar que durante el tiempo que se generen las sentencias esas sean con total respeto a los derechos humanos.
“Fue en un módulo. Fuimos porque los familiares empezaron a llamar, ya llegando al Centro Penitenciario observamos lo que les estoy comentando. Es natural, la familia de las personas privadas de la libertad se preocupan por la integridad física de sus familiares y eso es lo que verificamos, porque ahorita no pueden entrar de manera física por la cuestión de pandemia.
“Si no hay enfermos en el Centro Penitenciario y dejan entrar, imagínense el problema que se generaría ahí. La comunicación se da por videollamadas”, remarcó.
Dijo carecer de información respecto al número de quejas que se pudieran haber generado en la entidad con respecto a la atención que se brinda en los Centros de Readaptación.
La afirmación de Ávalos Vázquez contrasta con la que proporcionó gobierno del estado, que confirmó que se realizó la huelga, derivada de la imposibilidad a la cual se enfrentaron al no poder comunicarse los internos con sus familias.
Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno de la administración estatal que concluyó el 30 de septiembre; indicó, en aquel momento, el 20 de septiembre iniciaron los reos una huelga de hambre, misma que mantuvieron un par de días.
Expuso que en la manifestación para exigir que se les permitiera hablar con sus familiares participaron 40 personas.
Argumentó que se les explicó que no podían recibir visitas físicas derivado de la pandemia y que derivado de que falló el internet no existió oportunidad de que se les permitiera hacer videollamadas, aunque sí se autorizó que a solicitud realizaran llamadas telefónicas.
En esa oportunidad, remarcó que la restricción para las visitas físicas fue una medida establecida por las autoridades de salud.