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Por falsedad en declaraciones ante una autoridad ministerial, este jueves un juez de control vinculó a proceso penal a Hugo Sergio Bustamante Figueroa, a quien se le colocó un brazalete electrónico para enfrentar en libertad el juicio que se le sigue.
Bustamante Figueroa es quien denunció ante la Fiscalía General de la República (FGE) al abogado Juan Collado y al empresario José Antonio Rico por presuntas operaciones ilícitas en Libertad Servicios Financieros.
Producto de dicha acusación, Collado y Rico están en prisión por presuntamente participar en delitos de operaciones financieras ilícitas (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
Bustamante Figueroa, exdirectivo de Libertad Servicios Financieros, fue detenido el viernes pasado en la capital queretana por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que se le acusa de realizar declaraciones contradictorias ante una autoridad en la capital del país y también en Querétaro.
Este jueves se realizó la audiencia inicial y una jueza de control impuso al imputado el uso del brazalete electrónico, con la finalidad de que sea la Unidad de Medidas Cautelares —instancia dependiente de la Secretaría de Gobierno estatal— quien realice el monitoreo y vigilancia de su localización para dar certeza de que continúe con su proceso legal, dando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La jueza de Control fijó la medida cautelar, para evitar su fuga del estado, de uso de brazalete electrónico con el que estará monitoreado las 24 horas del día hasta que se desahogue la audiencia de sentencia, confirmaron autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El imputado fue denunciado ante la FGE por “falsear información” en declaraciones hechas en agosto de 2016 y en 2018; la primera ocasión dijo no ser dueño de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V. y dos años después reconoció que era accionista del 50% de la compañía.
Dicha empresa habría sido despojada para una transacción de compra-venta y quedar en manos de Libertad Servicios Financieros; la venta habría sido por 156 millones de pesos, hecho que motivó la denuncia de Sergio Hugo Bustamante en contra de Juan Collado, quien está en prisión enfrentando un proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGE subrayó que el imputado contó con una defensa particular, la cual le asistió para escuchar y atender lo dictado por la parte judicial, así como la acusación hecha por esta Fiscalía.
A partir de esta denuncia, Sergio Bustamante también declaró que hubo una serie de operaciones irregulares a través de Libertad Servicios Financieros, transacciones que habrían beneficiado a varios políticos, entre ellos el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién.
Por eso paralelo al que involucra al abogado Juan Callado, el gobernador Francisco Domínguez Servién presentó una demanda civil por daño moral en contra de Sergio Bustamante y de la cual aún no hay resultado.
