La justicia federal será la encargada de llevar a cabo las investigaciones y procesos judiciales en contra de las personas recientemente detenidas por su presunta participación en actos delictivos en Querétaro, incluido el ataque al bar “Los Cantaritos”, donde perdieron la vida 10 personas. Así lo confirmó Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Guerra Urbiola explicó que, por el momento, el caso permanecerá en el ámbito federal, aunque la Fiscalía del Estado colaborará con las autoridades federales en las investigaciones. “Lo que procedería en este momento es que se mantenga en el ámbito federal, pero con las responsabilidades y el manejo que la Fiscalía del Estado tenga en correlación y coadyuvancia con la autoridad federal que hizo estas detenciones”, declaró.
El magistrado destacó que los cateos ejecutados en distintos puntos de la ciudad se realizaron dentro del marco legal y con el objetivo de facilitar las investigaciones. Asimismo, subrayó que los presuntos responsables serán procesados por la autoridad federal, lo que garantiza un manejo adecuado del caso dada su gravedad y trascendencia.
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En cuanto a la seguridad de los detenidos, Guerra Urbiola mencionó que existen mecanismos para trasladar a reos que representen un riesgo para la gobernabilidad o para otros internos en el Centro de Reinserción Social de Querétaro. Esto con el fin de garantizar la integridad de los procesados y evitar posibles conflictos al interior del penal.
Las detenciones fueron resultado de al menos cuatro cateos realizados por autoridades federales en diferentes puntos de la ciudad, logrando la captura de dos presuntos líderes de grupos delictivos vinculados con el ataque al bar “Los Cantaritos” y otros delitos como homicidios, secuestros y venta de drogas.
Con estas acciones, las autoridades buscan llevar ante la justicia a los responsables de uno de los hechos de violencia más impactantes registrados en Querétaro en los últimos años, mientras refuerzan la coordinación entre instancias federales y estatales para garantizar el debido proceso.