La Fiscalía Anticorrupción del estado obtuvo resultados entre regular y deficiente, de acuerdo con el estudio Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y TOJIL, asociación civil contra la impunidad.
Se diagnosticaron cinco rubros de las fiscalías estatales: marco jurídico, recursos, capital humano, procesos y resultados, en un rango de cinco condiciones posibles (no aplica, nulo, deficiente, regular y satisfactorio).
En el marco jurídico, recursos y capital humano se ubicó en regular; mientras que en procesos en el nivel deficiente, junto con tres estados más.
En el marco jurídico se evaluaron aspectos de la normatividad vigente a través de 14 variables y el estado no cumplió con ocho: el manual de procedimientos y los protocolos de investigación, de audiencias, de protección a testigos, de entregas vigiladas, de operaciones encubiertas, de corrupción al interior y acuerdos.
En tanto, sí cumplió con fundamento legal, autonomía, catálogos de delitos de corrupción, ley orgánica, reglamento interior y organigrama.
En el eje de recursos, se analizaron siete variables para evaluar la cantidad y efectividad de recursos materiales y financieros, de los cuales acreditó cuatro e incumplió tres variables. Entre las no acreditadas se encuentra la independencia presupuestal, compra y/o venta de mobiliario. Por el contrario, avaló los presupuestos 2019 y 2020, adquisición de inmuebles, vehículos y equipos de cómputo.
En capital humano se evaluaron 22 variables, para identificar cantidad y calidad de servicios públicos asignados a las labores de la fiscalía. Querétaro fue una de las cuatro fiscalías con menor cantidad de ministerios públicos, al contabilizar tres; la quinta en número de peritos, con dos; así como la cuarta en número de policías, al contar con diez.
En procesos. se analizaron 11 variables para identificar los mecanismos existentes para el inicio y desarrollo de las investigaciones; seis variables fueron cumplidas y cinco incumplidas. Entre las desacreditadas: esquema de organización, denuncia anónima, investigaciones de oficio e independientes.
Entre las cumplidas: investigación bajo el Ministerio Público, es decir, el mismo MP que realiza la investigación es quien continúa su judicialización hasta el final, además de medios de denuncia, carácter de víctima-instituciones, carácter de víctima-ciudadanos, colaboración y plataforma informativa.
Respecto a resultados, la fiscalía reportó 35 investigaciones judicializadas.
Entre las conclusiones se detectó que las 29 fiscalías Anticorrupción evaluadas carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
