Vivir bajo el marco de la ley implica una garantía para los derechos y las libertades de las personas y debe ser la primera obligación de quienes ejercen poder público. Es decir, que la sociedad y sus autoridades están sujetas al Estado y Derecho, que es un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brida, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presentan dentro del pacto social.
Destacados doctrinarios señalan que para que exista el Estado de Derecho se debe contar con la ley como una expresión de la voluntad general, es decir, el imperio de la ley; con división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; legalidad en la administración, actuación según la ley y suficiente control judicial; derechos y libertades fundamentales; existencia de un tribunal constitucional e independencia de los órganos constitucionales, administrador y resolutor de controversias en las elecciones.
Estos principios se ven reflejados en la igualdad ante la ley de todos los individuos, la no arbitrariedad, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la participación periódica de la sociedad en la toma de decisiones, la libertad de asociación y expresión o la transparencia procesal y legal. Quedan sujetos al Estado de derecho los ciudadanos de un país, pero también las instituciones públicas y privadas, entre ellas el propio Estado. Así se asegura la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a la opresión o los abusos de poder.
La ley, es una concepción de la vida y del orden de las cosas en torno a ciertos principios. Éstos y los valores que los sustentan son el contenido último de las normas. Así, la libertad, la igualdad, la equidad, la justicia y la certeza cobran vigencia y pueden hacerse exigibles.
Estas últimas semanas, el ejecutivo federal han hecho manifestaciones de una clase dirigente oficial que no repara en violar la ley, pretende utilizarla para la promoción de sus intereses personales y de grupo, reclama su modificación para favorecerse de manera exclusiva. A las mayorías de Morena en las Cámaras, les pareció que si la Constitución prohíbe la propaganda gubernamental y la actuación parcial de los servidores públicos durante el proceso de revocación de mandato, basta “interpretar” los conceptos legales y establecer excepciones a lo que necesitan sus integrantes y sus correligionarios, incluido el presidente la República, para que violar la Ley Fundamental no les depare procedimiento ni sanción alguna.
Para que una ley sea legítima, implica que esta emane del órgano competente constitucional y legal para crear leyes, atendiendo a las diversas formalidades y diferentes procesos legislativos.
En el gobierno federal, si la ley limita y no gusta, ni siquiera habrá que reformarla pues bastará con “interpretarla”. La pretensión más peligrosa de esta actuación es el deseo de la mayoría oficial por ejercer el monopolio de la interpretación de la ley, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puedan apartarse de ese criterio.
El Presidente la República, transgresor del orden jurídico, enfrenta diversas quejas por violar la prohibición constitucional de hacer propaganda gubernamental y realizar promoción personalizada a su favor plantea que si “los responsables de las funciones electorales son independientes es porque no escuchan la voz del pueblo y habría que retirarlos para que sean sustituidos por otras personas que el pueblo elija”. No el pueblo al poder o el poder para servir al pueblo, sino el individuo al poder o el poder para servir al individuo.
Quizá se percibe que una mayoría de la sociedad comenta que no se prestará a la farsa.
Expresidente municipal de Querétaro y ex legislador. @Chucho_RH
