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La violencia que asola a México, resultado de la desatención del tema de seguridad pública por parte de AMLO, lo hace evadir, de manera dolosa y culposa, sus responsabilidades constitucionales, lo cual entraña graves daños a la población.
Que el Presidente no combata con determinación a la delincuencia organizada —por complicidad o convicción—, ha tenido como consecuencia la normalización del delito, de la violencia en sus diversas expresiones: asesinatos (130 mil), desaparición forzada (22 mil), cobro de piso, secuestro, extorsión, venta de drogas, trata y tráfico de personas, entre otras muchas actividades delictivas que dañan la convivencia, estabilidad social y la economía de los mexicanos.
El narco-terror vivido la semana pasada en seis estados de la república, por diversos motivos y grupos delincuenciales, muestra una vez más el fracaso de la supuesta estrategia de seguridad pública de AMLO de “abrazos y no balazos”, como la incapacidad de los cuerpos de seguridad para enfrentar a estos grupos, que cada vez más cuentan con armamento exclusivo de las fuerzas armadas.
La impunidad con que actúan los grupos delincuenciales les ha facilitado escalar el nivel de violencia. Han pasado de asesinarse entre ellos por el control de actividades y plazas, a actos plenamente terroristas: la matanza de la población civil, la quema de establecimientos y vehículos, el cierre de vialidades, etc.
Ante ello resalta la obstinación con que el presidente se niega a cambiar su fallida “estrategia” y su negativa a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en el combate a este flagelo que deja muchos muertos en ambas naciones.
Para AMLO y sus cortesanos es más fácil envolverse en la bandera del nacionalismo y negar los hechos de terrorismo, para no favorecer una supuesta intervención de los Estados Unidos, que cansados de la creciente violencia que vive México y del daño que las drogas sintéticas generan a su población, determinen aplicar su política antiterrorista (parte de su Estrategia Nacional de Seguridad) que los faculta a actuar, dentro y fuera de su territorio, de manera abierta o encubierta contra grupos de este signo. Su miedo lo fundan en el hecho de que, en su momento, Donald Trump consideró enviar misiles para destruir narco laboratorios y eliminar a algunos líderes de los cárteles mexicanos.
Mientras que para López Obrador esto sería el equivalente a una invasión, a la violación de la soberanía, para muchos mexicanos sería un costo aceptable si con ello se contiene y tiende a eliminarse la violencia de la delincuencia organizada.
El problema, lo sabemos, no es solo policiaco. Entre sus causas están, indiscutiblemente, factores familiares, sociales, económicos, culturales y de mercado. Y todos, conjuntamente, requieren ser atendidos para impedir que se siga dañando a inocentes.
Lo inteligente sería que el presidente suscribiera convenios con los países involucrados en la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, para combatirlo conjuntamente, desde diversos frentes —además del policiaco—, ya que es la población la que sufre en carne propia los daños.
La realidad indica que si el único que decide en este país no cambia su determinación, poco hay que hacer para mejorar el clima de paz que requiere el país.
Es mucho el mal que la indiferencia e ignorancia del presidencial genera en este tema. Por el bien de México, debe comenzar a trabajar en pacificar al país y al continente.
