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Como parte de la estrategia nacional para combatir el robo de combustible, el Gobierno de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) han logrado desmantelar diversas células delictivas en los estados de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Durante la conferencia mañanera, Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, informó que se han recuperado más de 7 millones de litros de combustible robado, con un valor estimado de 128 millones de pesos.
Rodríguez Padilla detalló que, en Querétaro y otras entidades, el crimen organizado ha utilizado inmuebles como centros de acopio de combustible ilegal. Como parte de las acciones de seguridad, se han asegurado 134 propiedades vinculadas con estas actividades ilícitas y se han destruido más de 30 túneles huachicoleros empleados para el trasiego clandestino de hidrocarburos.
Además, se han inhabilitado 4 mil 252 tomas clandestinas, lo que ha permitido reducir en un 23% el robo de combustible en el ducto Tula-Salamanca, uno de los más afectados por esta actividad delictiva. “Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y Pemex para proteger los recursos energéticos del país”, afirmó el director de la paraestatal.
El gobierno también ha intensificado la detención de presuntos delincuentes, con más de 320 personas capturadas en el marco de estos operativos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye la vigilancia de ductos, la destrucción de infraestructura ilegal y la colaboración con autoridades locales para desarticular redes delictivas.
Rodríguez Padilla destacó que, aunque se han logrado avances significativos, el combate al robo de combustible sigue siendo una prioridad. “Seguiremos trabajando para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y evitar que el crimen organizado siga afectando los recursos de la nación”, aseguró.
El robo de combustible, conocido coloquialmente como “huachicoleo”, ha sido un problema recurrente en México, generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas a los ductos. Con estas acciones, el gobierno busca fortalecer la seguridad energética y proteger los intereses de los mexicanos.
