Querétaro cuenta con 2 mil 800 personas privadas de su libertad, de las cuales el 22.7% del total consideró sentirse inseguro dentro del centro penitenciario en el que se encuentra, mientras que el 46.5% aseguró haber sido víctima de algún delito al interior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, para lo que se visitaron los cuatro penales en el estado.
Entre las principales conductas delictivas de las que fue víctima la población privada de la libertad, se encuentra el robo de objetos personales, lesiones físicas, extorsión, amenazas, hostigamiento sexual y violación sexual, señala el documento.
Más de 635 dijeron haber sido víctimas de algún tipo de acto de corrupción durante las etapas del proceso penal, desde la detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria.
El 12% de los encuestados dijo haber sido víctima de corrupción durante la detención, una diferencia considerablemente menor respecto al 21.9% que se reportó durante el año 2016; el 12% dijo que la corrupción se presentó en el Ministerio Público, indicador que se mantuvo similar a 2016, cuando lo declaró el 12.1%.
Mientras que el 6% de la población en centros penitenciarios en Querétaro dijo haber sufrido corrupción durante el proceso judicial, por arriba del 4.8% registrado en 2016; aunque el 5.4% dijo haberlo sufrido ya dentro del centro penitenciario, un punto porcentual por debajo de la medición anterior.
La corrupción en los centros penitenciarios en Querétaro disminuyó en los últimos cinco años, al pasar de 31.1 a 22.7% de 2016 a 2021, de acuerdo con la encuesta citada.
Con la Enpol 2021 se estima que 55.3% de la población privada de la libertad pagó dentro del centro penitenciario en los últimos 12 meses por el pase de lista; el 43.2% pagó para poder tener aparatos eléctricos dentro de su celda, el 34% lo hizo para poder cambiar de celda o evitar cambiar, mientras que el 31.9% lo hizo para tener agua potable, el 30% para recibir medicamentos, entre otros.
El 96.4% de la población privada de la libertad que pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en el centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021 no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. De ellos, 33.6% no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común.
Contrariamente, a nivel país la corrupción dentro de los penales aumentó en los últimos cinco años, al pasar de 10.8% a 17.2%, destaca el informe.