En materia de secuestros, Querétaro, desde 2016 a la fecha, logró una efectividad en el esclarecimiento de los casos de 84.67%, señaló el fiscal general del Estado Alejandro Echeverría Cornejo.
Puntualizó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Querétaro se ubicó en 2018 por debajo de la media nacional; además de que en todos los casos se prioriza la vida de la víctima y un 92.72% de éstas fueron rescatadas con vida.
Durante la inauguración la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, manifestó que en la entidad se tiene una fiscalía que da resultados: “Hoy nos ocupamos en esclarecer los casos para que los delitos no queden impunes, pues sólo de esta manera se hará efectiva la prevención general y así seguiremos contribuyendo a mantener un clima de paz y tranquilidad en esta tierra, para que Querétaro siga siendo el estado diferente”.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, está constituida por fiscales, policías y peritos que cuentan con este edificio para una atención integral a las víctimas al contar con espacios de atención médica, sicológica y lúdica, entre otras.
Junto a este inmueble, se entrega también la Sala de Juicio Acusatorio y Oral, donde se realizarán ejercicios prácticos para garantizar el buen desempeño de los operadores de la fiscalía general.
Para la construcción del edificio se aplicaron 16.2 millones de recursos estatales y 3.4 millones de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en mobiliario y equipamiento.
El gobernador Francisco Domínguez Servién indicó que la fiscalía general trabaja mediante planeación, estructura y coordinación; una labor exhaustiva de investigación asistida por tecnología, análisis interdisciplinario y ciencia que respalda sus resultados.
“Hoy Querétaro avanza dando certeza y garantías. Quien lesiona a la sociedad queretana por medio del delito, recibe todo el peso de la ley”, puntualizó Domínguez Servién.
En el acto, el mandatario destacó que la seguridad y la justicia son políticas de estado que trascienden ciclos de gobierno e integran acciones como la mejora de la infraestructura en materia de prevención y combate a la delincuencia; además de la actualización y especialización de quienes operan estas tareas.
Recordó que el año pasado se obtuvieron 2 mil 667 años de prisión para 14 personas imputadas del delito de secuestro; una de ellas alcanzó una pena histórica de 624 años de prisión, datos que acreditan una fiscalía que sí investiga los hechos delictivos de mayor impacto y que colabora con diferentes órdenes de gobierno, dijo.