El proceso penal contra cuatro mujeres que se manifestaron el 8M no se ha detenido, pese a la petición del gobernador, Francisco Domínguez Servién, para que los acusadores desistan de las denuncias y se evite la criminalización de las feministas.
José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), informó que a la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de elementar el caso, no se ha acercado para analizar alternativas de solución.
“Jurídicamente sí se puede desistir, el delito es de daño, hay posibilidad de otorgar un perdón o una medida de solución alterna del conflicto; la Fiscalía todavía no se ha acercado para tener estas alternativas” explicó.
El pasado 1 de julio, el gobernador Francisco Domínguez declaró que pediría a las autoridades del municipio de Querétaro y de la FGE que desistieran de las denuncias en contra de algunas de las mujeres que se manifestaron en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“Yo siempre lo dije ante ustedes, ninguna acusación, ninguna persecución, ninguna aprehensión, ni habiendo o teniendo fotografías de quienes incendiaron la Fiscalía, a nadie (…) hay que desistir, el término desistir es en lo local y en lo federal” declaró hace dos semanas el mandatario estatal.
Sin embargo, ni la Fiscalía ni el municipio de Querétaro han retirado las denuncias u otorgado el perdón a las implicadas.
El pasado viernes (9 de julio) el alcalde interino de Querétaro, Miguel Parrodi Espinosa, afirmó que la denuncia se presentó porque —como sujetos que administran los bienes públicos— están obligados a denunciar cualquier daño que se presente, aunque aseguró que el proceso se sigue de oficio.
Los procesos que se siguen en contra de cuatro mujeres, actualmente vinculadas como presuntas responsables, es por daño a la maqueta del municipio que se ubica en las inmediaciones de la Alameda Hidalgo, y por daños a las instalaciones de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, en prolongación Corregidora, en la capital del estado.
El magistrado confirmó que el sacerdote acusado de abusar de un monaguillo, en Querétaro, fue vinculado a proceso, con prisión preventiva y dos meses de investigación complementaria.
Aunque la denuncia se presentó desde el 2019, hasta el pasado viernes que se detuvo al presunto responsable; de acuerdo con información de activistas que acompañan a la familia afectada, el abuso contra el menor fue durante tres años.
El magistrado dijo que en la audiencia intermedia se definirá si existió alguna agravante.