José Antonio Ortega Cerbón, presidente del Poder Judicial en Querétaro, confirmó que un hombre fue vinculado a proceso por el asesinato de la joven Adriana Ortiz, quien fue reportada como desaparecida el 10 de septiembre en San Juan del Río.
El delito por el que la FGE obtuvo la vinculación fue el de desaparición forzada, explicó el magistrado, y se estableció un periodo de cinco meses para la investigación complementaria.
“Se vinculó con nosotros y un plazo de cinco meses por el delito de desaparición forzada y hay que esperar el plazo de investigación; la penalidad va de 25 a 50 años de prisión”, indicó el magistrado.
La joven de 26 años de edad fue reportada por sus familiares, y habría sido encontrada días después, aunque la FGE no comunicó nada sobre el hallazgo, por lo que se desconoce de forma oficial cuándo y en donde fue encontrada.
Se trata del segundo caso de este tipo en Querétaro, dijo el magistrado, el primero fue el de Diana Mata, colaboradora del municipio capitalino, quien fue desaparecida en julio y su cuerpo fue localizado un mes después en Santa Rosa Jáuregui.
De acuerdo con la Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas en el Estado de Querétaro expone que “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, que prive de la libertad a una o más personas”.
Agrega que la desaparición es en cualquier forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar el paradero de la víctima.
“Esta conducta será sancionada con una pena de quince a cuarenta y cinco años de prisión y de quinientos a setecientos cincuenta días multa, sin perjuicio del concurso de delitos”, esto acorde al artículo cuarto de dicha Ley.
En el artículo cinco se establece que “comete el delito de desaparición de personas por particulares, el que, sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, prive de la libertad a una o más personas (…) esta conducta será sancionada con una pena de doce a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a setecientos días multa, sin perjuicio del concurso de delitos”.
Fuentes cercanas a la familia indicaron que la joven, quien era madre de un menor, había sido secuestrada; oficialmente no se ha informado más.
