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Querétaro es la séptima entidad con menor tasa de población privada de su libertad en centros penitenciarios por cada 100 mil habitantes, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las siete entidades con menor tasa de población en centros penitenciarios son: Tlaxcala (54), Yucatán (61), Coahuila (68), San Luis Potosí (89), Aguascalientes (93), Zacatecas (94) y Querétaro (98), mientras que la media nacional registrada es de 173 personas, es decir 80% por arriba de lo que se tiene en Querétaro
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), que se realiza por vez primera, revela que las entidades que mayor tasa de reclusos por cada 100 mil habitantes, son Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367) y Durango (329).
Tasa de corrupción.
El estudio también indica, que en 2016, se identificó en Querétaro una tasa de 311 casos por cada mil personas privadas de su libertad que fueron víctimas de actos de corrupción.
Los estados con mayores tasas son el Estado de México, la Ciudad de México y Tlaxcala, con 579, 560 y 484, respectivamente.
En el ranking nacional, Querétaro se ubica en el lugar 23 de las entidades con una tasa que, por cada mil personas privadas de su libertad, fueron víctimas de actos de corrupción. El estado con el promedio más bajo es Campeche, con 189.
Querétaro, con 31.1%, también es la novena entidad en donde menor porcentaje de víctimas de actos de corrupción sufrió la población que fue privada de la libertad.
Mientras que a nivel nacional el porcentaje promedio fue de 39.3%. Las entidades donde más se acentúa el problema, de acuerdo al estudio, son el Estado de México y la Ciudad de México, con 57.7 y 56% respectivamente. El estado en donde menor conflictos se registró fue Sinaloa, con 19%.
Para el levantamiento de la Enpol se tomó como muestra una población privada de la libertad de 18 años y más en centros penitenciarios municipales, estatales y federales de 211 mil personas, al mes de octubre de 2016. De ellas, 5% fueron mujeres.
Dependientes económicos.
La Enpol permite estimar que, a nivel nacional en 2016, 68.1% de la población privada de la libertad tenía entre 18 y 39 años de edad. Así mismo, 94.1% de la población sabía leer y escribir; 72.1% tenía estudios de educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada.
Mientras que a nivel nacional, 70.3% de la población que estuvo en algún penal en 2016 tuvo dependientes económicos al momento de su arresto. De ella, 64.1% tenía hijos que dependían de él o ella.
A nivel nacional, 25.9% de la población privada de la libertad en 2016, había enfrentado algún proceso penal anterior al que determinó su reclusión actual; mientras que 24.7% había estado recluida con anterioridad en un centro penitenciario. De ella, 44.7% pasó más de dos años en libertad antes de volver a ser recluida.
Además 60% de los presidiarios con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de robo en el proceso penal anterior respecto al actual, mientras que 12.9% fue sentenciada por posesión ilegal de drogas.
Asimismo, 25.5% de la población privada de la libertad en 2016 fue arrestada en flagrancia, mientras que 21.5% fue sustraída de un lugar privado, sin una orden de detención.
A nivel nacional, se estima que 9.4% de la población privada de la libertad en 2016 fue arrestada en ese mismo año, mientras que 18.4% fue arrestada durante 2008 o antes.
En tanto, 33.6% de los casos de las personas que permanecen presas, fueron arrestadas por la Policía Ministerial o Judicial; mientras que 32.6% fue arrestada por la Policía Preventiva Municipal. En 15% de los casos el arresto lo realizó una autoridad federal.
Alrededor de 75.6% de la población privada de la libertad sufrió algún tipo de violencia sicológica al momento de su arresto; 58.3% fue incomunicada o aislada al momento de su aprehensión y 52.5% fue amenazada con levantarle cargos falsos por parte de la autoridad que realizó el arresto.
El 63.8% de la población privada de la libertad en 2016 sufrió algún tipo de agresión física al momento de su arresto. De ella, 59% recibió patadas o puñetazos por parte de la autoridad que la arrestó y 39% recibió golpes con algún objeto.
Mientras que el 49.6% de la población que se presentó ante el MP en un lapso de 4 horas o menos
