De forma inmediata, el Poder Ejecutivo contratará a 10 abogados privados para que representen a personas acusadas que, por derecho, deben ser defendidas por el Estado.
Este jueves se entregaron certificados a 55 licenciados en derecho como parte del nuevo modelo de justicia penal acusatorio.
Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho del estado, explicó que el modelo de subrogación implica la posibilidad de que un abogado privado certificado represente jurídicamente a un imputado.
La ley brinda el derecho a las personas acusadas de algún delito a tener un abogado, en caso de no poder pagarlo, el Estado está obligado a asignarle uno. A partir del sistema de justicia penal —que entró en vigor el 30 de mayo de 2016 en Querétaro— comenzó el proceso de certificación.
“Son 55 certificados a licenciados en Derecho que han recibido una capacitación adecuada, porque se centró en las capacidades que debe desarrollar un defensor en el sistema acusatorio oral; los contenidos corresponden al mandato constitucional y sistémico, el conocimiento adquirido es conforme a las habilidades y convicción ética del modelo de Justicia de Querétaro.
“La entrega de certificados se cristaliza como una fecha histórica que trascenderá a las generaciones de profesionistas dedicados al proceso penal; acudimos a los abogados privados con la firme convicción de garantizar los derechos de toda persona detenida, inculpada o acusada de un delito”
Agregó que el Instituto de la Defensoría Penal Pública, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, suscribirá 10 contratos de subrogación en lo inmediato con los mejores promedios de los abogados certificados.
“Es la posibilidad para que un abogado privado certificado pueda representar jurídicamente a un imputado que ha puesto su confianza en el Instituto de la Defensoría Penal Pública; es decir, la posibilidad de verificar, llevar o representar a un imputado o acusado por la Fiscalía General del Estado”, mencionó.
Con la entrega de las 55 certificaciones, se declaró la apertura del segundo curso de capacitación para 51 licenciados de la misma rama; conforme a las condiciones marcadas en la Comisión Evaluadora, la segunda generación está conformada por personas que superaron una primera etapa de evaluación.
El segundo grupo inicia el programa de capacitación con el que conocerán el modelo Cosmos, para que sean operadores, “entiendan y atiendan”, dijo, para promover la solución de conflictos por la vía alternativa, que es una de las principales razones del sistema de justicia actual.
“Nuestros defensores subrogados deben llevar con orgullo la representación del Estado en el caso que se les asigne, porque cumplen una función esencial para el sistema de justicia penal: dar credibilidad a las instituciones, la única instancia que hace posible que los derechos fundamentales sean una realidad”, señaló.