Ante la “cerrazón” de los comerciantes, el caso Alameda llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del estado.
Recordó que por instrucciones del gobernador, Francisco Domínguez Servién, asesoran a las autoridades del municipio de Querétaro para que sepan cómo usar todas las herramientas legales que eviten el regreso de los ambulantes a la Alameda.
El argumento más fuerte, dijo, es la ponderación del espacio público al que tienen derecho los ciudadanos sobre el derecho de un grupo de personas para vender sus mercancías.
Explicó que el municipio no está eludiendo el ordenamiento judicial de restituir el derecho de los ambulantes a tener un espacio digno en donde ejercer su actividad, pero se apeló al cumplimiento alternativo que consiste en ofrecer un lugar distinto a la Alameda para que continúen con su actividad comercial.
“Esa decisión del Juez de Distrito es inobjetable, simple y sencillamente de cumplimiento forzoso y necesario (…). Trabajamos en buscar otra zona que les dé las mismas condiciones y generar la misma seguridad, pero ahora jurídica y de dignidad, en un lugar donde no afecten el espacio urbano que es de todas y de todos los queretanos”, dijo el funcionario.
Durante las mesas de trabajo se han ofrecido distintos espacios en la capital, pero ninguno satisface las peticiones de Pablo González Loyola, líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto —cuyos agremiados fueron favorecidos con dos juicios de amparo para regresar a la Alameda.
“Las pretensiones para el cumplimiento sustituto es que haya una indemnización no determinada aún, que exista un cambio de predio o de lugar, pero en condiciones favorables en donde haya una posesión [que se done un terreno a la agrupación] que implicaría cierto derecho sobre ese predio, y esto a todas luces es una visión patrimonialista”, dijo.
Agregó que “dada esta cerrazón al diálogo se optó por dejar a un lado las conveniencias de este líder” y se presentó un trámite jurídico ante los jueces de distrito [quienes, por separado, resolvieron dos juicios de amparo en favor de más de 90 comerciantes]; ambos jueces aceptaron un Incidente de Cumplimiento Sustituto de la Sentencia “para que sea la Suprema Corte de Justicia la que resuelva”.
Debido a la falta de acuerdo, este recurso legal abre la puerta para que la máxima autoridad judicial defina si el caso puede ser resuelto por los magistrados o no, y de ser así, que defina si ordena que se acepte el cumplimiento sustituto que obligue a los comerciantes aceptar su reinstalación en un sitio diferente a la Alameda.
Agregó que pedirán la revisión de la existencia jurídica de cada uno de los demandantes, pues identificaron a una de estas personas [que pudiera ser homónimo] que tiene acta de defunción previo a la presentación de la demanda de amparo para la reinstalación. “Vamos a pedir también ante las autoridades judiciales que se revise este caso y si existe una consecuencia de orden legal también se aplique (...), con la justicia no se juega”, dijo.