Querétaro es uno de los estados con menos reportes de corrupción al llevar a cabo trámites relacionado con la apertura o funcionamiento de un negocio. Además, se percibe una alta satisfacción de los empresarios locales por el servicio que reciben en materia regulatoria, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), publicada ayer por el Inegi.
El estudio precisó que Querétaro es el estado en donde hay mayor satisfacción general al momento de realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios relacionados con la apertura o funcionamiento de negocios.
A nivel nacional, del total de trámites, pagos o solicitudes de servicios realizados por unidades económicas durante 2016, en 76.6% de ellos los representantes de los establecimientos manifestaron estar satisfechos en términos generales con el resultado.
En 2016 los trámites que se realizaron con mayor frecuencia en una oficina de gobierno fueron para obtener la denominación o razón social ante la Secretaría de Economía, licencias o permisos para giros especiales, licencia de uso de suelo, registro público de la propiedad, permiso para construcción, juicios laborales o mercantiles; procesos judiciales laborales, apertura de un establecimiento, conexión al sistema de aguas local, inicio o seguimiento de averiguaciones previas.
De acuerdo con el Inegi, Querétaro es el estado en donde mayor satisfacción tiene la ciudadanía en realización de trámites, al obtener 89.8 puntos; el segundo sitio fue para Coahuila (88.4) y el tercero para Nuevo León (88.0). Las cuatro entidades peor evaluadas son Campeche (61.6); Veracruz, 62.7; Chiapas, 63.0, y Estado de México, 63.8.
El estudio también destaca que Querétaro es el cuarto estado en donde los empresarios perciben menos actos de corrupción de servidores públicos al momento de realizar un trámite.
La entidad mejor evaluada en este ámbito es Colima, con 62.2%; en segundo lugar se encuentra Nayarit, con 62.3%; Aguascalientes, 69.3%, y Querétaro, en cuarto, con 71.1%. En contraparte, las entidades en donde la percepción es mayor son: Veracruz, con 92.1%; Ciudad de México, 91.5%; Jalisco, 88.6% y Chiapas, 88.5%.
En el país, 64.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Por otro lado, 39.4% señala que se generan para evitar multas.
La percepción sobre las causas por las cuales se producen actos de corrupción son: agilizar trámites, 64.6%; evitar multas o sanciones, 39.4%; obtener licencias o permisos, 30.7%; evitar la clausura del establecimiento, 29.7%; pagar menos impuestos, 29.3%; evitar inspecciones, 25.0%; obtener un servicio, 22.2%; evitar el cumplimiento de la ley, 18.3%, ganar contratos gubernamentales, 13.9% y participar en licitaciones, 12.9%.
En el país, 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción.
Mientras que en Querétaro el promedio se ubicó en 552, siendo la entidad en donde menos se experimentó corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016. El estado que mayor problema tiene en la materia es Quintana Roo con un promedio de 2 mil 077.
De acuerdo con la ENCRIGE, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56% del PIB nacional.
Del total de las unidades económicas, en 20.2% se señaló que el marco regulatorio (aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad) representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos por cargas administrativas; en la mitad de las unidades económicas (50.9) se consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015.
En 77.7% de las unidades económicas se consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas se da en un ambiente de confianza y en 9.2% se señaló haber tenido problemas de cobranza o de cumplimiento.
De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante autoridades durante 2016, en 61.5% se señaló que los procesos abiertos fueron imparciales.
Un 82.7% de los propietarios señalaron que las calles y avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores ambulantes; 75.6% refieren que están en mal estado y 76% dijeron que son inseguras.
Del total de unidades que hicieron uso de energía eléctrica, en 81% no se experimentaron pérdidas por deficiencias en el servicio y en poco más de la mitad (58.7%) se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles.
Durante 2016 se realizaron en el país 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.