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La Universidad Anáhuac fue el escenario de la firma de contrato para los primeros seis abogados subrogados del país; ahí, se celebró la décimo segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho.
El secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, explicó que son los primeros abogados del ámbito privado que tienen un contrato con el Poder Ejecutivo para atender la premisa del derecho a la defensa de los acusados.
El contrato implicará la contratación de las seis personas (cinco hombres y una mujer) que demostraron conocimientos para atender los procesos de litigio conforme al modelo Cosmos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Como parte de la implementación del sistema de justicia, a partir del 30 de mayo de 2016 se creó la Comisión Evaluadora que generó cursos de capacitación gratuitos a los abogados de Querétaro, a fin de sumarse a la defensoría pública desde el ámbito privado.
Un primer grupo capacitó a 47 abogados y está en marcha un segundo grupo “desde que inician el curso de capacitación y sus sesiones de entrenamiento tienen plena conciencia de que, a cambio de esos cursos. ellos se comprometen a llevar cuando menos un caso de defensa penal subrogada”.
La Defensoría Pública tiene a 60 abogados, y se sumará la labor de los subrogados, quienes darán su servicio según los disponga la Comisión Evaluadora.
En estos momentos hay segundo grupo que está en proceso de certificación; en una primera etapa 47 abogados más, que han aprobado el curso, ahora sigue una segunda etapa que tiene que ver con otra serie de actividades, sobre todo de orden axiológico”.
La certificación de abogados litigantes, expresó el funcionario, es un proceso que únicamente está ocurriendo en Querétaro, y que consta en cumplir un periodo de 70 horas de formación en el Instituto de la Defensoría Penal Pública, para luego ser evaluados por un grupo selecto de jueces, fiscales y defensores.
“El contrato que firmaron no tiene valor económico, pues no es la retribución pecuniaria lo que les anima, es su deseo de procurar el juicio justo el debido proceso por sus semejantes en la difícil condición por posible conflicto con la ley”.
Las autoridades explicaron que la subrogación es un ejercicio compartido para dar cumplimiento a la Constitución, y se acompaña al gremio profesional para garantizar que existen juristas aptos para dar protección jurídica a los ciudadanos.
Los casos serán asignados de acuerdo a los criterios que define la propia Comisión Evaluadora, a fin de otorgar mecanismos que permitan mayor transparencia, calidad y profesionalismo.
Los abogados subrogados, una vez que se asigne un caso, tendrán hasta cinco meses y medio para cumplir con el contrato, y los contratados tendrán una serie de obligaciones para corroborar su trabajo.
Serán supervisados por el Instituto de la Defensoría Pública para verificar que cumplan con los 50 indicadores de operación y ocho indicadores de modelo bajo los criterios de defensa de calidad previsto en el modelo Cosmos.
Deberán presentar y documentar los resultados a través de 15 actividades indispensables como: visitas a los implicados, entrevistas a los mismos, atención a familiares, informes de derechos, plan de acción, gestión del caso, teoría del caso, evaluación de desempeño del defensor, cronograma de actividades, reporte parcial de actividades, entre otros.
Actualmente el Instituto cuenta con un presupuesto de 200 mil pesos, y conforme avance el programa se analizarán las necesidades que pudieran surgir para el presupuesto 2018.
La Comisión Evaluadora sesionó en la Universidad Anáhuac, al ser ésta una de las tres instituciones académicas que forman parte de la misma.
El rector de la Universidad, Luis Eduardo Alverde Montemayor, conminó a los abogados y estudiantes del derecho a emplear su profesionalismo para ayudar a la sociedad; aseguró que las condiciones que vive el estado de Querétaro, en materia de seguridad y generación de empleo, se ha logrado también gracias a la marcha de su sistema de impartición de justicia.
