Si hay actos de corrupción que “se canten lo más fuerte” para que sirva de ejemplo para todos los servidores públicos, es el exhorto que hizo el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, a todos los servidores públicos, incluyendo a quienes conforman el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Esto, ante los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y en el que se indica que las unidades económicas perciben una frecuencia de 71% de actos de corrupción por parte de servidores públicos, lo que coloca a Querétaro como la cuarta entidad en donde menos se observa este fenómeno.
Dicha problemática se registra 82.2% en el país, en promedio, mientras que la entidad donde más se acentúa es Veracruz, con 92.1%.
“No he checado los datos […], pero que se pongan con alarma roja todos los servidores públicos porque con la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción esto se acabó; está sumamente claro en la ley y en este nuevo sistema”, puntualizó.
Recordó que las investigaciones por posibles actos ilegales de servidores públicos serán tratados por los propios ciudadanos y en donde no tiene injerencia el gobierno, y pidió a los burócratas que “no tienen miedo” de los ciudadanos, “que mejor renuncien”.
“El gobierno no va a evaluar el trabajo de posibles actos de corrupción de funcionarios públicos, van a ser los ciudadanos y si no le tienen miedo a los ciudadanos, mejor que vayan renunciando […] les he hecho el llamado respetuoso (al SEA) a que lo canten lo más fuerte que puedan para que sea ejemplo de aquí al futuro”.
Debe quedar demostrado por qué Querétaro es la entidad que completó, en primer lugar, su SEA en todo el país, dijo y agregó que los indicadores del Inegi—a una semana de la instalación del sistema del estado— son datos que sirven para fincar una base para poder trabajar en torno a los problemas de la entidad en ese tema.
“Los ciudadanos están hartos de actos de corrupción de servidores públicos y de recursos públicos, esto nos viene como anillo al dedo, con estos datos tienen una base para empezar a medir”, expresó el mandatario.
Del tema, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Darío Malpica Basurto, afirmó que en el estado no se percibe un aumento en la corrupción en los trámites empresariales, y que están trabajando de la mano con las autoridades para facilitar los procesos burocráticos y evitar la corrupción.
El líder empresarial recordó que junto con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) lanzaron la certificación para las empresas libres de corrupción, que consistirá en el análisis y evaluación de los procesos administrativos de las unidades económicas que lo soliciten, para verificar que trabajen conforme a la ley.
“No tenemos un reporte de que haya habido actos que hayan aumentado en el municipio o estado; no tenemos personas reportando, suponemos que aquellas empresas a las que les están pidiendo algún tipo de moche o dinero para un trámite deben estar manteniendo los mismos niveles, no tenemos indicador que diga que esto va aumentando”, señaló.
El estudio del Inegi indica que en el país 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción, mientras que en Querétaro el promedio se ubicó en 552, lo que la convierte en la cuarta entidad en donde menos hubo corrupción por cada 10 mil unidades que realizaron trámites durante 2016.
El estado que mayor problema tiene en la materia es Quintana Roo, con un promedio de 2 mil 77.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56% del PIB nacional.
Del total de las unidades económicas, en 20.2% se señaló que el marco regulatorio (aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad) representó un obstáculo para negocios.
En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos por cargas administrativas; en la mitad de las unidades económicas (50.9) se consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015.
En 77.7% de las unidades económicas se consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas se da en un ambiente de confianza y en 9.2% se señaló haber tenido problemas de cobranza o de cumplimiento.
De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante autoridades durante 2016, en 61.5% se señaló que los procesos abiertos fueron imparciales.
82.7% de los propietarios señalaron que las calles y avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores ambulantes; 75.6% refieren que están en mal estado y 76% dijeron que son inseguras.
Del total de unidades que hicieron uso de energía eléctrica, en 81% no se experimentaron pérdidas por deficiencias en el servicio y en poco más de la mitad (58.7%) se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles.
Durante 2016 se realizaron en el país 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.
Los motivos. La percepción sobre las causas por las cuales se producen actos de corrupción son: agilizar trámites, 64.6%; evitar multas o sanciones, 39.4%; obtener licencias o permisos, 30.7%; evitar la clausura del establecimiento, 29.7%; pagar menos impuestos, 29.3%; evitar inspecciones, 25.0%; obtener un servicio, 22.2%; evitar el cumplimiento de la ley, 18.3%, ganar contratos gubernamentales, 13.9% y participar en licitaciones, 12.9%.
Además, 82.7% de los propietarios de unidades económicas señalaron que las calles y avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores ambulantes; 75.6% refieren que están en mal estado y 76% dijeron que son inseguras.
Durante 2016, 90.2% de las unidades económicas reportaron que no tuvieron la necesidad de contratar servicios de seguridad privada.
Del total de unidades económicas que hicieron uso del servicio de energía eléctrica en sus operaciones, 81% señalaron que no se experimentaron pérdidas por deficiencias en este servicio, mientras que en poco más de la mitad (58.7%) se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles.