Pese a que existen pocos reportes de corrupción en el estado en materia regulatoria, se deben adecuar marcos normativos para sancionar a quienes incurran en esta acción.
También se deben acelerar los tiempos en la emisión de trámites para evitar los actos de corrupción.
Así coincidieron Mauricio Ortiz Proal, coordinador del PRi en el Congreso, y Eric Salas González, legislador panista presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto.
Ambos legisladores se refirieron al estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señala al estado de Querétaro como una de las cuatro entidades con menos reportes de corrupción al llevar a cabo trámites relacionados con la apertura o funcionamiento de negocios.
Ortiz Proal lamentó que no existe entidad pública que pudiera estar libre de presentar esta problemática y recalcó que se debe fomentar la cultura de la denuncia al privilegiar el anonimato en las mismas.
“Más allá de que haya pocas denuncias, hay que denunciar más. Hay que crear un sistema que permita sancionar a los responsables y hay que empezar a sentar precedentes, lanzando mensajes claros de que no vamos a permitir actos de corrupción en Querétaro”, mencionó.
Ante los resultados del Inegi, que señalan que 64.6% de los actos de corrupción se producen para agilizar los trámites y 39.4% para obtener licencias y permisos, consideró que se debe fortalecer la transparencia e incentivar la agilización de trámites, además de disminuir la participación de los funcionarios públicos en la emisión de los mismos.
Salas González, por su parte, advirtió que existen inversiones que se topan con “tramitología”; por lo que celebró el resultado del Inegi, al señalar que esto dará confianza a los empresarios para invertir en el estado.
Al igual que el coordinador priísta, consideró que se deben agilizar los trámites por parte de los ayuntamientos, pues los plazos y los procedimientos para obtener permisos son detonantes para la corrupción.
Detalló que el Poder Legislativo tiene facultades para presentar una reforma en este tema, si considera que los municipios hacen caso omiso a la necesidad de agilizar los trámites.
“Empezamos con un voto de confianza para que los 18 municipios lo puedan realizar; si no lo hacen, entraría la legislatura para modificar las leyes y se que simplifique todo”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, en el país, 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016, experimentaron al menos un acto de corrupción.