La Alameda no es tema del Poder Ejecutivo, y si los comerciantes aceptan o no un terreno es asunto del municipio de Querétaro, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Sugirió a los ambulantes “tomar lo que les ofrecen” o se quedarán sin nada. Sin embargo, el estado mantendrá toda la asesoría jurídica para ganarles la partida a los comerciantes.
Esto, después de que Pablo González Loyola, líder de la Unión Cívica, desestimara la versión del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, de que los comerciantes buscan un beneficio patrimonial a cambio de resolver la disputa por la Alameda.
“Este es un tema municipal, y toda esta parte de que si se les va a dar un espacio o no, lo tiene que hacer el gobierno municipal; el gobierno municipal tiene todo el apoyo jurídico, les ganamos esta partida muy importante para lo que dije: no van a regresar a la Alameda Hidalgo”.
La controversia entre los comerciantes y los gobiernos estatal y municipal se mantiene luego de que el secretario de Gobierno declarara que se optó por solicitar que el caso sea analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la “cerrazón” de Pablo González Loyola.
Aseguró que el líder de los comerciantes quiso alcanzar un acuerdo con la condición de que le fuera entregado un terreno donde pudiera ejercer la actividad comercial, situación que el gobierno no puede permitir por ser una visión patrimonialista, es decir, el intercambio de un juicio de amparo por un inmueble que se traduce en dinero.
Mientras que González Loyola sostuvo que la propuesta de entregar un terreno para habilitarlo como tianguis comercial —específicamente en avenida Sombrerete— fue del propio secretario de Gobierno.
Esta propuesta era la clave para resolver el conflicto y aceptar no ser reubicados en La Alameda, pero fue el propio gobierno el que rompió el diálogo, según declaraciones hechas por el líder social.
De todo ello, el mandatario estatal sostuvo que sólo están usando todas las herramientas jurídicas al alcance del Poder Ejecutivo, a través del conocimiento que tienen sus funcionarios públicos, para asesorar al municipio de Querétaro, de manera puntual al director de Inspección de la capital, Hugo Serrano Martínez, contra quien se presentó el amparo.
“Ya le tocará al municipio si les entrega un espacio para comercializar o no, y esto se puede ir más allá [de seis meses], y si esto cae al final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy seguro que también el veredicto de los titulares de la Corte va a decir que no regresen, así que más vale que tomen algo de lo que el municipio les tiene en la mesa y nosotros estaremos vigilando qué es lo que van a negociar”, expresó.
También comentó que en las mesas de negociación entre las autoridades y la Unión Cívica Felipe Carrillo, estuvo Pablo González como líder de los vendedores, aunque ya no goza de tanta simpatía entre la sociedad.