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El líder de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), Pablo González Loyola Pérez, calificó como un acto de rebeldía ante el Poder Judicial de la Federación, la decisión del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien la víspera advirtió a los comerciantes de esa organización que "ni un minuto" volverán a ocupar la Alameda Hidalgo.
“Es un acto de rebeldía ante la autoridad del Poder Judicial Federal… hay Estado de derecho y aplicación de la ley”, indicó, al tiempo que recordó que desde hace 100 años se contempla el amparo para los ciudadanos ante los abusos de la autoridad, y la reforma más reciente incluye el concepto de derechos humanos, al cual apelaron los comerciantes.
“Nosotros creemos que esa resolución se tiene que respetar, como lo señala plenamente la Constitución, las determinaciones de los órganos del Poder Judicial se tienen que respetar. Apelamos que ellos lo hagan valer y que sea dentro de la ley”, abundó.
Una jueza federal ordenó la reinstalación de 99 comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo en junio del año pasado, por lo que los vendedores pueden regresar a ese lugar.
Aunado a ello, González Loyola recordó que fueron convocados a hacer una propuesta alternativa, por lo que aseguró que “harán las propias llegadas el momento, aunque sin hacerlas públicas”. Aseguró que tienen varias propuestas que presentarán a la autoridad; sin embargo, recalcó que no puede existir una autoridad que no esté dispuesta a acatar un fallo del Poder Judicial Federal.
“Lo puede hacer, pero está incurriendo el rebeldía a una autoridad del Poder Judicial Federal. Nosotros no inventamos nada, es exactamente lo que prevé la Constitución y la Ley de Amparo. En este caso, es con dos autoridades municipales: el inspector adscrito a la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos y el director de Comercio y Espectáculos, y de ahí sus superiores. En los términos que establece la Ley de Amparos, todas las autoridades quedan obligadas a darle cumplimiento, y lo que establece como sanción (por desacato) es desde la multa hasta la destitución del cargo, asimismo, la inhabilitación de cargo públicos por un periodo. Eso es lo que establece la Ley de Amparo”, enfatizó.
Recordó que dicha ley fue aprobada y votada por el alcalde Marcos Aguilar Vega cuando fue diputado federal y promulgada por el presidente Peña Nieto el 1 de abril de 2013.
“Es un asunto de congruencia elemental, nada más. Eso, sin que nosotros nos cerremos a dialogar”, apuntó González Loyola.
