“Ni un minuto en la Alameda”, advirtió el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, a los comerciantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto. El mandatario aseguró que, “desde ahora”, el gobierno del estado interviene en el caso para evitar que los vendedores —quienes ganaron su reinstalación— regresen a la zona.
A unas horas de que venza el plazo concedido por la juez de causa para que regresen más de 90 comerciantes a La Alameda Hidalgo, el gobierno del estado decidió involucrarse con los recursos necesarios para que el sitio se mantenga libre de vendedores.
“Todo el apoyo al gobierno municipal, pero sobre todo a la ciudadanía que se ha manifestado en todos los sectores; el gobierno del estado le va a entrar ya al tema y desde ahorita [hago] un llamado a esta organización (Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto): ni un minuto en la Alameda Hidalgo, y todo el apoyo al gobierno municipal, apoyo total, bajo la ley”, sentenció.
El jueves 25 de mayo se informó del plazo que fijó una juez de distrito federal dirigido a autoridades municipales de Querétaro para reinstalar a cerca de 90 comerciantes que se ampararon —luego del desalojo del que fueron objeto el 19 de junio de 2016—.
Tras una serie de recursos legales, que perdió en todos los casos el municipio de Querétaro, la autoridad federal dio un plazo de tres días para regresar a su sitio de trabajo a los comerciantes; sin embargo, apelando “a la sensibilidad” de la juez federal, el municipio consiguió una prórroga de cinco días más, es decir, el plazo definitivo se vence este miércoles 7 de junio.
El INAH se desmarca. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hizo llegar su postura a los medios de comunicación y expresó que se mantienen respetuosos de cualquier ordenamiento judicial, y que la recomendación que ha hecho es que permanezca el espacio libre de actividades que obstruyan la visibilidad y disfrute del monumento.
Con el énfasis de que los permisos comerciales y administración del espacio público son de la autoridad municipal, propuso el retiro de los carritos uno o más días a la semana, como ocurre en las calles del Centro Histórico.
“El INAH establece su disposición a respetar cualquier determinación de los órganos judiciales, en el entendido de que su competencia se circunscribirá siempre al cuidado y la preservación del patrimonio histórico”.