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La habitación de María Fernanda López Medina, quien falleció hace dos años, a los seis años de edad, aún muestra los mensajes de ánimo que sus hermanos mayores colocaban cada vez que regresaba a casa tras las recaídas por la leucemia linfoblástica aguda. De acuerdo a los estudios hechos por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Juriquilla, este padecimiento puede relacionarse con la radioactividad del agua de La Cantera, comunidad de San José Iturbide, Guanajuato.
La negación por parte de las autoridades del municipio y del gobierno de Guanajuato hieren a la comunidad, pues los estudios demuestra que el agua del pozo que surte a los habitantes contiene residuos radiactivos.
Lizbeth, hermana de la menor, narra que María Fernanda se enfermaba seguido, hasta que una día la llevaron al doctor, quien le pidió hacer unos estudios, donde le detectaron leucemia.
“La llevamos al IMSS que está en Querétaro y ahí cuando se ponía muy mal la llevaban a internar. Duraba como ocho días, una semana, y le daban tratamiento, la daban de alta y llegaba a la casa normal, y en poco tiempo se volvía a poner mal y duraba una semana hospitalizada”, recuerda, rodeada de juguetes de María Fernanda y mensajes de bienvenida.
Esta rutina duró dos años y afectó a toda la familia, ya que su padre trabaja en la cercana zona industrial, su madre se iba a cuidar a su hermanita y ella se quedaba con su otro hermano menor.
Señala que las autoridades no se han acercado a su familia, sólo reciben apoyo de la UNAM y de una organización, que buscan que no haya más enfermos, al tiempo que pide que cierren el pozo ya que más personas pueden morir.
La Cantera hace honor a su nombre. Dos cerros “cortados” de donde se extrae este material sirven como fondo a una comunidad donde los habitantes desconocen que en el agua que sale de su grifos podría matarlos.
Elia Zarazúa Rubio, vicepresidenta de la organización civil Mayoye Angelitos Guerreros, narra que siendo directora del jardín de niños de la comunidad, hace cuatro años, se dieron cuenta que lo casos de leucemia entre menores eran inusualmente frecuentes para una localidad de no más de un millar de habitantes.
“Había una chiquita con leucemia que estaba en tratamiento. Estando trabajando en el preescolar, otras dos niñas empezaron con el mismo problema, se les diagnosticó leucemia linfoblástica aguda”, señala mientras su boca se seca y sus palabras se vuelven más rápidas.
Señala que, junto con los padres de familia, pensaron en una estrategia para saber qué hacer y conocer el origen del problema de salud en los menores, pues no era normal que tres niñas enfermaran de leucemia; en ese entonces no tomaban en cuenta otros casos de personas mayores que habían muerto de cáncer.
“Empezamos por plantearle a la Secretaría de Salud [de Guanajuato] conocer qué pasaba. La Secretaría de Salud únicamente me pidió la lista escolar, y que se los mandara para hacerles un estudio que supuestamente ellos dicen que salió bien. Los padres de familia los llevaron con laboratorios particulares y muchos salieron con baja de plaquetas. Inclusive en ese entonces [hace cuatro años] iniciamos esta lucha, porque ellos amenazaban con sacar a sus niños del preescolar porque decían que la escuela era la que los estaba enfermando”, indica.
Dice que por tres años estuvieron exigiendo a las autoridades respuestas a las incógnitas que rodeaban la causa de la enfermedad de las menores. Luego, funcionarios de Agua Potable y Alcantarillado, de la Secretaría de Salud, Ecología y regidores amenazaron a los pobladores diciéndoles que la organización se estaba metiendo en problemas, que no iban a gastar en estudios que no iban a arrojar ningún resultado y que no pasaba nada.
“Al ver que no pasaba nada y fallece la primera niña. Luego fallecen las otras dos, dijimos: ya basta. Esto no puede estar sucediendo, entonces pedimos ayuda a medios de comunicación para que difundieran lo que estaba sucediendo, porque las autoridades no nos estaban haciendo caso”, apunta.
Hace tres años, en un medio de comunicación, vieron una entrevista que se hizo al investigador Marcos Adrián Ortega Guerrero, a quien plantearon el problema y si podía apoyarlos. El investigador les respondió que no podía hacer nada mientras no se enviará una solicitud a la UNAM, lo cual hicieron juntando firmas de habitantes de la comunidad.
A los 15 días respondió, encargando al doctor Ortega la investigación, quien de inmediato comenzó con el trabajo. Empezó con estudios de tierra, hasta llegar al agua, labor que se les complicó porque no les permitían acceder al pozo de La Cantera.
Luego de seis meses pidiendo autorización para estudiar el agua del pozo, irrumpieron en una sesión de cabildo para solicitar al alcalde Filiberto López Plaza, quien a 15 días de terminar su administración dio autorización para estudiar el agua.
El pozo La Cantera se ubica a menos de 20 metros del que fuera el relleno sanitario de San José Iturbide. Aunque el vertedero está clausurado, el olor que emana del sitio es nauseabundo. Por las recientes lluvias, un capa de agua verdosa cubre el lugar, que se extiende por varios cientos de metros.
Zarazúa Rubio recuerda que el día que se presentaron los resultados de los estudios de la UNAM las autoridades municipales negaron que fueran veraces y dijeron que los únicos válidos eran los análisis de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que molestó a la gente de la comunidad.
Incluso, Humberto Navarro, delegado de la Conagua, tomó un vaso de agua del grifo, para demostrar que el líquido era apto para el consumo humano, sin saber lo que contenía el agua y que el daño se presenta ante el consumo diario por mucho tiempo.
La lucha de Zarazúa Rubio le costó caro, ya que el agosto pasado fue cesada como directora del jardín de niños donde trabajaba.
In situ
El doctor Ortega Guerrero toma una muestra in situ del agua de la casa de la familia de una de las menores fallecidas. Con el medidor de partículas radioactivas, analiza 500 mililitros de agua que extrajo de la llave. Explica que cada que se escuche una alarma en el aparato se detectan partículas de radón, elemento radiactivo, presente en el agua del pozo de La Cantera.
Después de unos minutos el aparato comienza a detectar las moléculas de radón. El “bip” comienza a escucharse de manera continua. Llega un momento en el que el sonido es constante, no para. Al final de la muestra el resultado es de 2mil 196 becquereles por metro cúbico de agua, para radón, mientras que de torón (otro elemento radiactivo) es de 2 mil 505.
Señala que la suma de los elementos hace peligroso el consumo de agua. El líquido presenta cuatro veces la concentración permitida de becquereles por litro, comparado sólo con el que contienen los pozos de agua de Chihuahua que están cercanos a yacimientos de uranio.
“Aquí estamos, no en un punto intermedio, sino mucho más cercanos a un sitio de disposición de residuos radiactivos y donde hay explotación minera y un yacimiento de uranio, como el de Aldama, Chihuahua”, subraya.
Los habitantes de La Cantera viven sin saber que cada vez que abren el grifo un veneno se suelta en el aire y con cada vaso de agua que toman de la llave se les puede ir la vida.
