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La Universidad Autónoma de Querétaro decidió terminar su relación laboral con cinco maestros que realizaron conductas violentas en las instalaciones de esta casa de estudios, informó el abogado general de la institución, Óscar Guerra Becerra.
El abogado se negó a decir los nombres de los maestros despedidos; sin embargo, en días pasados éstos ofrecieron una rueda de prensa, encabezada por Enrique Becerra Arias, ex diputado del PRD, en la que dio a conocer que tanto él, como Juan Pablo Mendoza, Pedro Morales Zavala, Hugo Pascual Rivera Gasca y a Alejandro Vega Solís fueron los catedráticos que se vieron involucrados en este proceso.
Becerra Arias es justamente el maestro que en un video posteado en Youtube se puede ver accionando un dispositivo, presuntamente de gas irritante, durante la Asamblea general del sindicato de maestros, en donde se discutía el asunto de la dirigencia, que actualmente pelean Nuri Villaseñor y Saúl García.
En entrevista con varios medios de comunicación, Guerra Becerra negó que se haya violado ninguna ley laboral como los docentes despedidos han afirmado, pues aseguró que se actuó en respuesta a denuncias realizadas por compañeros académicos que se encontraban en la Asamblea del Supuauaq y que resultaron afectados por estas conductas.
El funcionario universitario insistió en que el proceso, basado en las acusaciones, videos y testimonios, se realizó conforme al derecho del patrón de rescindir contratos, e incluso aseguró que los profesores recibirán el pago íntegro de sus quincenas y además su liquidación conforme a la ley.
“La terminación de la relación laboral [con estos maestros] obedece a conductas que los docentes realizaron en instalaciones universitarias. […] Fueron conductas desde agresiones verbales y físicas, hasta el uso de gas pimienta o lacrimógeno (en una asamblea del Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ). Y es algo que simplemente la Universidad Autónoma de Querétaro no puede permitir”, afirmó Guerra Becerra.
Asímismo, ante el reclamo hecho por Pedro Morales en el último Consejo universitario, en el que solicitó que su caso y el de los otros docentes fuera llevado ante una Comisión de Honor y Justicia, conformada por consejeros de las facultades; Óscar Guerra señaló que al no ser un asunto académico no es competencia del máximo órgano de la Universidad, si no que por ser algo laboral le corresponde la decisión a la oficina del Abogado General.
