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La empresa Ferromex inició el desalojo y demolición de viviendas ubicadas a los costados de las vías férreas en Tequisquiapan como parte de un programa nacional de recuperación de derecho de vía. Cerca de 25 familias asentadas por la vieja estación Bernal fueron tomadas por sorpresa, ya que no recibieron notificación previa. Tendrán un mes para abandonar sus casas; la zona será delimitada con alambrado.
Representantes de la empresa ferroviaria, encargados de los trabajos de demolición y desalojo, explicaron que estas acciones forman parte de un programa de recuperación de derechos de vía que se emprende desde Mexicali hasta Puerto Peñasco; la liberación de las zonas invadidas de manera irregular comenzó en enero de 2015.
El objetivo es disuadir los robos a vagones de tren que se registran en toda la república, según comentaron.
Trabajadores iniciaron también la colocación de vigas de concreto con las cuales se colocará alambre para delimitar el derecho de vía que comprende 15 metros por cada lado de la zona de tránsito ferroviario.
Quienes viven en el área sujeta a desalojo en Tequisquiapan son personas adultas en su mayoría.
Se trata de antiguos trabajadores de ferrocarriles de México que, aseguraron, obtuvieron los terrenos en los que edificaron sus viviendas mediante un decreto presidencial emitido en el sexenio de Vicente Fox.
Algunos otros habitan en la zona desde su infancia: heredaron las casas de sus padres o abuelos, que también fueron ferrocarrileros.
Las viviendas próximas a demoler son su único patrimonio, por lo que aseguraron que un mes no es tiempo suficiente para que puedan encontrar otro sitio en donde vivir.
En la zona opera también la Estancia del Migrante González y Martínez, asociación que desde 2004 obtuvo un permiso para ocupar las instalaciones de la vieja estación como almacén de alimentos, medicinas y prendas de vestir, así como base de operación para entregar esta ayuda a centroamericanos que transitan por el municipio a bordo del tren. Voluntarios de esta agrupación dan asistencia a un promedio de 500 migrantes por semana.
El presidente de la asociación ,Martín Martínez, advirtió que la delimitación del derecho de vía férrea podría minar el trabajo que la agrupación de asistencia social realiza en beneficio de los centroamericanos.
Otros afectados aseguraron tener derecho sobre los predios en los que asentaron sus viviendas gracias a un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2004 y a través del cual se aprobó la donación de fracciones territoriales cerca de las vías a favor de ex trabajadores de la entonces empresa paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México que se jubilaron o fueron pensionados.
A partir de las 11 del día inició la demolición de las dos primeras viviendas que se encontraban abandonadas. Las propietarias explicaron que desde el año pasado dejaron de vivir en estas casas debido a la presencia recurrente que grupos vandálicos.
La vieja estación de ferrocarril permanecerá intacta al tratarse de una propiedad federal, aclararon los representantes de Ferromex; tampoco serán demolidos tres inmuebles más, dos de estos permanecen inhabilitados y un tercero deberá ser desalojado este mes por la familia que lo ocupa.
Recurren a Orihuela: les entrega cemento. La demolición de las viviendas coincidió con la entrega de material para construcción y tinacos hecha por el alcalde Raúl Orihuela, quien acudió a la zona de vías férreas donde los habitantes le informaron del desalojo.
Dos de las viviendas ya habían sido derribadas cuando el alcalde de Tequisquiapan llegó acompañado de personal de presidencia que dejó en la zona 20 tinacos, ocho baños, 10 láminas, y 15 bultos de cemento para las 25 familias próximas a desalojar.
El edil se comprometió a apoyarles y buscar un acercamiento con representantes legales de Ferromex para luego marcharse del lugar.
Elementos de policía estatal permanecieron en la zona mientras se llevó a cabo la demolición de las primeras viviendas, éstas acciones se realizaron sin impedimento de los afectados quienes, sin embargo, advirtieron recurrir a autoridades estatales e interponer procesos legales para ampararse ante el programa de recuperación territorial emprendido por la empresa.
