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Regidores de Tequisquiapan aprobaron 30 sanciones a ex funcionarios del municipio, entre estas, tres multas económicas en contra de ex titulares de áreas por irregularidades administrativas detectadas en el pasado periodo de gobierno presidido por Antonio Macías, informó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Carvajal.
Explicó que las 30 sanciones forman parte de 90 procedimientos que se iniciaron a finales del pasado periodo de gobierno por irregularidades señaladas por la Entidad Superior de Fiscalización en los primeros periodos fiscales de dicha administración.
“Estamos desahogando estos 90 procesos que corresponden al pasado periodo de gobierno, corresponden a irregularidades detectados en las primeras cuentas públicas de la anterior gestión municipal esperamos antes de que concluya el año desahogar estos asuntos para continuar con la revisión de otros periodos fiscales”, explicó el secretario.
Al referirse a las sanciones económicas, el secretario del Ayuntamiento detalló que se trata de multas por 10 mil 500 pesos en promedio, en contra del ex tesorero, del ex secretario de Obras Públicas y ex oficial mayor por irregularidad en procesos administrativos.
El municipio de Tequisquiapan también recibió los resultados de las fiscalizaciones a los últimos nueve meses del pasado periodo de gobierno, de cuyas revisiones resultaron 60 irregularidades que no pudieron ser subsanadas en su momento por los ex funcionarios y dependencias que resultaron responsables.
Aclaró que por estas irregularidades no se prevé alguna propuesta de inhabilitación como sanción, debido a que las irregularidades no ameritan este tipo de castigo.
Carvajal abundó que el mayor número de anomalías del pasado periodo se detectaron al interior de la Tesorería, de la secretaría de Desarrollo Urbano y Oficialía Mayor.
El secretario del Ayuntamiento agregó que la Entidad Superior de Fiscalización inició también la revisión de la cuenta pública correspondiente al último trimestre de 2015 correspondiente al actual periodo de gobierno, resultando irregularidades por procedimientos administrativos que tendrán que ser subsanadas por los actuales funcionarios, de acuerdo con las áreas en las que se detectaron dichas anomalías.
