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El sector de la construcción local requiere mejores condiciones de simplificación en trámites de auditoría, situación por lo cual la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pide modificaciones a 33 artículos de la Ley estatal de Obras Públicas.
Durante el desayuno mensual que organiza la CMIC donde se tuvo como invitado a José Gil Reséndiz, coordinador general jurídico de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), la presidente de la cámara, Alejandra Vega, reiteró que urge realizar dichas reformas.
Refirió que los auditores deberían involucrarse más en el proceso de construcción de las obras, pues generalmente los proyectos cambian y los contratistas deben tomar decisiones de último momento.
“Una obra que se realiza con recursos municipales y estatales es auditada por las dos entidades ESFE y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), eso genera desgaste entre los constructores, creemos que debe haber una simplificación y que los auditores deben involucrarse en el proceso de construcción para que se tenga una mayor eficiencia. Esto nos va a ayudar a los constructores para que todas las observaciones o dudas que vayan saliendo de parte del auditor se vayan resolviendo con los técnicos que estuvieron en la obra.
“A nosotros también nos vamos blindar más para llevar una propuesta de reforma de ley más en forma, no sólo con el punto de vista de los constructores sino también con el punto de vista de la dependencia de obras públicas y por supuesto con los auditores que hacen los observaciones. No estamos pidiendo nada fuera de la ley, sino mejores condiciones y más optimización”, comentó Alejandra Vega.
Se busca transparencia
Por su parte, Gil Reséndiz se dijo consciente de las implicaciones de presentar documentos y comprobar gastos, sin embargo, reiteró que las auditorías y revisiones deben ser minuciosas para lograr la transparencia.
Hizo un llamado a fortalecer las relaciones de trabajo entre la CMIC y la ESFE, pues dijo, cualquier duda de los constructores puede ser resuelta por los auditores de manera anticipada, para evitar futuras sanciones.
Sobre las observaciones emitidas a las anteriores cuentas públicas, el coordinador jurídico precisó que todos los involucrados cooperaron y presentaron la información necesaria, aunque dijo, no le corresponde a la ESFE determinar sanciones en caso de que estas sean requeridas.
“Nosotros iniciamos las revisiones y las entregamos a la legislatura, ya cada organismo interno de control se encarga de darle seguimiento. Con la nueva modalidad del sistema anticorrupción va a cambiar, pero por ahora no tenemos datos de sanciones o procedimientos penales, cada organismo señalará faltas graves y no graves.
“Hasta ahora ningún particular se ha negado a darnos información, pero a partir de la nueva ley general de responsabilidades administrativas los particulares deberán entregar información que les sean solicitadas, y ahora la ESFE estará facultada para imponer multas”, señaló el coordinador.