En este año se presentaron cinco denuncias penales en contra de personas que viven en la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda por atentar contra la riqueza natural de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, informó José Luis Peña Ríos, delegado en Querétaro de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En entrevista para EL UNIVERSAL Querétaro, explicó que a lo largo del año se realizaron diversos operativos para evitar la tala en la zona serrana, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Como resultado, informó que se ha decomisado una tonelada de carbón y tres vehículos, así como 15 mil metros cúbicos de madera.
Explicó que dentro de un operativo realizado en el mes de noviembre en las zonas de El Tigre y La Yesca, comunidades cercanas a Landa de Matamoros, se aseguró un vehículo y cinco metros cúbicos de madera.
Peña Ríos agregó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Multas de 100 mil pesos en árboles de Navidad irregulares. El delegado en Querétaro indicó que, como parte de los operativos de los últimos meses, se han realizado 500 revisiones a tiendas de autoservicio para descartar importaciones ilegales y plagas en los árboles de Navidad.
Aunque refirió que no se ha detectado ninguna irregularidad en lo que va del operativo, indicó que el año pasado se decomisaron alrededor de 11 ejemplares en una tienda de autoservicio, a quien se le imputó una multa económica de 100 mil pesos por mantener a la venta especies enfermas.
“Se lleva a cabo una inspección para ver la legal procedencia, es decir, que los árboles que ingresen vengan de un aprovechamiento sustentable y que no traigan plagas de carácter cuarentenario. Con esto se pretende, no permitir la introducción ni la diseminación o distribución de plagas que pudieran afectar la sanidad forestal”.
Recordó que, durante este año, a nivel nacional se han rechazado 15 mil árboles en las fronteras de Tijuana y Nogales, por contener plagas o por no contar con los documentos de importación necesarios.
Mencionó que una vez que son detectadas tanto plagas como omisiones en la documentación correspondiente, la Profepa prosigue con el retiro del punto de venta y, posteriormente, a su destrucción.
“Como medida precautorias tenemos el aseguramiento de los ejemplares, para evitar que se siga comercializando. Vamos por ellos y los retiramos del punto de venta y se inicia un procedimiento administrativo por haber incumplido las obligaciones ambientales y, entonces, podemos ordenar el decomiso, la destrucción y las multas que nos prevé la ley, que van desde 20 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización”, expuso.