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En las administraciones públicas hace falta que las mujeres estén en agendas importantes y no sólo en dependencias “de segunda”, afirmó la activista feminista, Maricruz Ocampo, quien también cuestionó que en la capital se haya debilitado el Instituto Municipal de la Mujer, para crear el Instituto de la Familia.
Señaló que se necesitan más mujeres en el gabinete, pero al tiempo reconoció que hay un compromiso por parte del gobierno del estado para hacer transversalidad, evidenciado en el trabajo que hace Daniela Correa, en el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM).
Sin embargo, indicó que a nivel municipal “Corregidora no tiene mujeres en su gabinete. El municipio de Querétaro tiene un presidente que en campaña se comprometió a tener un gabinete paritario y que el martes, en su discurso por el Día Internacional de la Mujer, mencionó sólo a cinco mujeres en el gabinete y ninguna en alguna posición importante, porque están en lo típico: Desarrollo Social, la Coordinación de Instituto Desconcentrados, Comunicación Social, DIF y Turismo y Asuntos Internacionales”.
No tiene mujeres que trabajen en el tema de Servicios Públicos Municipales, no se ha acercado a las mujeres para temas de seguridad. Sin embargo, habría que ver dónde están las acciones para la erradicación de la violencia de género, dijo.
“Me da mucha pena que además un presidente municipal diga que está trabajando a favor de las mujeres, cuando debilitó al Instituto Municipal de las Mujeres, que tiene sólo seis personas para 800 mil habitantes, de los cuales 400 mil son mujeres, pero hizo un Instituto de la Familia, innecesario, en lugar de fortalecer al DIF, que hasta la fecha no entendemos la diferencia entre el DIF y el Instituto de la Familia, pero éste último está absorbiendo recursos, personal y está enfocado a las familias nucleares: dos niños, dos papás, dos perros, dos gatos y dos camionetas”, dijo.
Añadió que con ello se descuida a las familias de las madres solteras, las viudas, las parejas homosexuales, las familias de padres divorciados.
Sobre el caso de una joven que fue recluida en un anexo por ser lesbiana, Maricruz Ocampo dijo que la novia de esta mujer actuó de manera correcta al acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y a la Fiscalía de Justicia para ayudarla, pero apuntó que estos casos se deben de abordar como una cuestión de derechos humanos.
Sobre el tema, Guillermo Tamborrel Suárez, titular del Centro Estatal de Adicciones (CECA), advirtió que es necesario la creación de una herramienta jurídica para vigilar el ingreso a este tipo de centros de rehabilitación pues, dijo, en el estado existen alrededor de 90 anexos, de los cuales 50 deberían de clausurar por sus condiciones de operatividad.
Señaló que el caso suscitado en días recientes muestra diferentes anomalías, pues la preferencia sexual de una persona “no es una enfermedad que se deba curar”, y lamentó que continúe existiendo personas que opinen de esta manera.
“La segunda parte de la anomalía tiene que ver con este centro de internamiento al haberse prestado a recibirla. Lamentablemente esto sucede por parte de los responsables porque se ofrece un pago”
De acuerdo con información proporcionada por la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro, durante 2016 se atendieron seis casos de presuntas irregularidades en anexos.
Fabián Hernández, visitador adjunto de dicho organismo, informó que en la mayoría se presentaban quejas por parte de familiares que acusaron de privación ilegal de la libertad o que aludían al maltrato de los internos.
