Las escuelas rurales de Amealco enfrentan retos que se suman a la violencia intrafamiliar y las adicciones que se presentan a temprana edad entre los menores de esta región.
Estela Hernández Jiménez, directora de una escuela primaria indígena de Santiago Mexquititlan, señala que existen carencias en estos planteles, ya que han sido olvidados mucho tiempo.
Las comunidades de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso cuentan con planteles educativos rurales. En el caso de la segunda comunidad, también debe de recibir a los alumnos de secundaria de Cuisillos, donde no hay una escuela de ese grado.
Para llegar a la secundaria de San Ildefonso, los estudiantes de Cuisillos deben cruzar por la barranca donde el julio pasado una menor, de 12 años de edad, fue atacada sexualmente y luego de 10 días falleció.
Habitantes señalan que en la zona se han registrado otros intentos de abuso en contra de estudiantes, muchos de los cuales no se denuncian.
Hernández Jiménez indica que las carencias en las escuelas son “en infraestructura, los libros de texto nos llegan al último. No tenemos un plan y programa exclusivo de Querétaro para educación indígena. En sí, estamos al olvido. Siempre nos llegan los recursos materiales al último. Por otro lado, hace falta en San Ildefonso una escuela, la infraestructura, los maestros de educación indígena tendría que estar cerca de la comunidad”.
A las carencias de infraestructura se suman los conflictos de carácter social, como la violencia intrafamiliar y las adicciones, denuncia.
“Muchos de nosotros llegamos a saber de la violencia intrafamiliar que ellos [os alumnos] padecen, de los acosos que ellas [las niñas] deben aguantar. Aquí en San Ildefonso es donde más se han escuchado este tipo de situaciones, de feminicidios. En el caso de Santiago Mexquititlan, es poco; sin embargo, no descarto que estemos en esas mismas condiciones”, apunta.
Agrega que hay pocos maestros que denuncien los casos, aunque sí están comprometidos con el rescate, reconocimiento y respeto de los derechos humanos, para que no se sigan dando.
“Yo creo que los maestros comprometidos con este tipo de violencia, estamos en esa condición de hacer la demanda y, en este caso, de dar acompañamiento a la familia. Afortunadamente nosotros podemos tener la posibilidad de que les demos una continuidad jurídica”, asevera la hija de Jacinta Francisco Marcial, presa hace una década, junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta PGR.
En ambas zonas, explica, los padres tienen viajan en búsqueda de trabajo, por lo que los menores se quedan al cuidado de los hermanos mayores, abuelos o tíos, lo que los hace más propensos a conductas de riesgo.
“Desde temprana edad los niños consumen PVC, porque están al cuidado de familiares que no son sus padres, son propensos que los niños que están solos los puedan incluir en sus grupos, y para ello deben de consumir estas sustancias”, acota.
Añade que cuando ubican a algún menor que tiene una adicción, al menos en la escuela que dirige, se cuenta con apoyo de educación especial y de una trabajadora social, así como otra maestra de acompañamiento.
“Cuando detectamos ese tipo de casos mandamos llamar a la mamá y al papá, ver a qué se comprometen y nosotros vamos haciendo la observación directa con los niños y junto con este personal nos apoyamos. Pero hablo de Santiago Mexquititlan, que de 10 escuelas dos contaremos con ese tipo de apoyos. Y cuando no es así, los canalizamos al DIF”, precisa.
Agrega que en Barrio Segundo, en el ciclo escolar pasado y este, han detectado a dos menores con adicciones; mientras que en Barrio Sexto, donde también presta sus servicios, le ha tocado observar que al menos cuatro presentan abuso de sustancias.
“En Barrio Segundo, donde soy directora, los padres de familia no tenían para pagar los desayunos del DIF, y éste fue a retirar todas sus cosas. Lo que ahora estamos haciendo es que particulares que tengan el gusto y deseo de ir a darles un desayuno, lo hacen, de manera incondicional”, sostiene.
La maestra, de cabello largo suelto, vestida con unos jeans azules, suéter negro y blusa blanca, piensa detenidamente sus palabras. Ella, como originaria de Amealco es bilingüe y conoce los problemas de su comunidad.
Agrega que en alguna ocasión acudió a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) a solicitar un comedor para las escuelas indígenas, pero obtuvo respuesta negativa, porque la dependencia no los considera como comedores y no tiene la capacidad para construirlos.