Pues nos clausuraron, dice un ex pepenador, ahora desempleado.
Es seca su contestación, como seco es el polvo que eleva el viento sobre esta porción del Cerro de la Cruz, mismo que tiene un hoyo gigantesco, aún repleto de basura.
Se trata de un sitio que tras fungir durante 15 años como basurero municipal, puesto en la comunidad de La Esperanza, ahora resulta que “operaba de modo irregular y no contaba con licencia”, razones por las que acaba de ser clausurado por la autoridad.
—¿Y ahora qué van a hacer?
—Pues estamos esperando que venga el patrón y que nos diga. Se llama Carlos, no sé su apellido.
De acuerdo con la información ofrecida por el municipio, otra razón que se tuvo para cerrar el relleno sanitario fue que “el operador no cumplía con los criterios de manejo de los residuos”.
Sin embargo, hay otra razón: “contaminación de los acuíferos”, pueden hallarse dentro del documento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Galeras (PPDUG). Razones que inclusive se extienden hacia la operación de dos minas y un panteón, los que pronto podrían correr la misma suerte.
“Las minas a cielo abierto (…) se utilizan también como sitios de disposición de desechos sólidos e industriales y esto permite que los lixiviados se infiltren a los mantos freáticos (…); de la misma forma, el cementerio de La Esperanza puede considerarse una fuente de contaminación, debido a que la descomposición de los cadáveres genera lixiviados acuosos”, dice.
Concesión a 50 años. La celeridad con la que la autoridad clausuró el tiradero de La Esperanza fue equivalente a la que desplegó para inaugurar el vistoso Centro Ecológico de Manejo Integral de Residuos de Querétaro (Cemirq), pese a las protestas expresadas por vecinos de las comunidades de San Martín, Los Benitos y Ajuchitlán, entre otras.
Cubiertos con lonas que impiden ver la carga, rotulados con nombres de empresas como Lopsa y Gen, varios camiones se estacionan frente el flamante Cemirq, propiedad privada a la que no se puede ingresar sin permiso del concesionario, aparentemente una compañía internacional.
Sigilosos, los choferes evitan dar información. Aguardan su turno para poder ingresar al gran predio, con 20 hectáreas de extensión. Visto desde las afueras, se ve como una mina de arena, con máquinas de perforación y dragado que se aprecian nuevecitas.
El Cemirq ya opera aquí desde hace 120 días, aunque apenas hace un mes se hizo del dominio público, debido a la protesta vecinal.
Su funcionamiento está proyectado para durar 50 años.
Como otros planes urbanísticos que han comenzado a marcar el futuro de Colón, el nuevo tiradero ya se contempla en el PPDUG. De acuerdo con dicho plan, la generación de basura de apenas 10 comunidades será de “555 toneladas al año durante 2018, para subir a mil 674 en 2030”.