Sociedad

Juez ordena reparación de daño ambiental

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que durante una audiencia de suspensión condicional de proceso a prueba, el juez les reconoció el carácter como parte ofendida en defensa de la garantía de un medio ambiente sano.

Durante una audiencia, el juez de Distrito ratificó que la afectación de uso de suelo en terrenos forestales para la realización de un presunto proyecto habitacional (PROFEPA)
10/08/2017 |04:40
Redacción Querétaro
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Un juez federal ordenó a un particular la reparación total del daño ambiental por el desmonte de 6.5 hectáreas de terreno forestal, en un predio colindante con la zona Peña Colorada, en Ejido Jurica, Querétaro.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que durante una audiencia de suspensión condicional de proceso a prueba, el juez les reconoció el carácter como parte ofendida en defensa de la garantía de un medio ambiente sano.

Lo anterior, respecto a un delito contra la biodiversidad contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal, por lo que el fallo judicial tuvo lugar el martes 8 de agosto, por el juez con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro.

De esta manera, se culminó la denuncia penal promovida por la Profepa desde junio del año pasado y en el marco del Sistema Penal Acusatorio, el imputado solicitó un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por lo que se dictó la suspensión condicional, mediante el cual se acordó la reparación del daño ambiental causado.

Durante una audiencia, el juez de Distrito ratificó que la afectación de uso de suelo en terrenos forestales para la realización de un presunto proyecto habitacional, se realizó sin las respectivas autorizaciones federales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el Plan Reparatorio elaborado por el área pericial central de la Procuraduría Ambiental, determinó, que se deberá reforestar el predio afectado en su totalidad, para lo que, el imputado contará con un plazo máximo de tiempo de dos años, seis meses.

El fallo judicial establece, que las medidas de reparación serán verificadas y evaluadas por la Procuraduría, al término del periodo concedido a efecto de determinar el grado de cumplimiento.