Los establecimientos de venta de alcohol con capacidad de más de 80 personas tienen la obligación de establecer dispositivos estrictos de seguridad, como cámaras de videovigilancia y personal de seguridad privada, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres.
Recordó que desde abril de 2017, cuando se suscitaron hechos de agresión con arma de fuego en un antro de la Ciudad de Querétaro, se mantiene un dispositivo de revisión a este tipo de negocios en los 18 municipios.
Participa Protección Civil municipal, Seguridad Pública municipal, el área de inspección del municipio para verificar los permisos y la dirección de gobierno para comprobar que tienen licencia de alcohol.
“Los establecimientos que tienen un número mayor a 80 personas, concentración, la obligación es conseguir esquemas de seguridad, como cámaras de videovigilancia, accesos controlados y la posibilidad, incluso, de contar con personal de seguridad; hemos trabajado muy fuerte con las empresas que tienen esta vocación como son los restaurantes, centros comerciales, antros, discotecas”, dijo Granados Torres .
Los operativos se realizan todos los fines de semana y se aplican, de manera aleatoria, en los 18 municipios; reconoció que hay más conciencia y cooperación de los empresarios, por lo que las clausuras han disminuido.
El último cierre fue en Bernal, Ezequiel Montes, en donde dos antros no cumplían con los permisos municipales para la operación del negocio.
“Esta operatividad la hacemos todos los fines de semana, primero con las organizaciones como antreros, Canirac (Cámara de Restauranteros) en el sentido de que cuenten con un mínimo de seguridad para los clientes; tienen obligación de resguardar cada centro si reúne las medidas de seguridad”, destacó el secretario.
Explicó que hay establecimientos que no requieren seguridad privada, pero sí de circuito cerrado de seguridad y otras medidas que alerten a las corporaciones de alguna eventualidad.
En el estado existen más de 260 centros nocturnos, que cuentan con la venta de alcohol y que están obligados a la contratación de personal de seguridad privada.
Además, 100% del personal de los establecimientos es sometido a revisión con dopaje y su expediente para no permitir que personas con antecedentes penales o que tengan algún proceso abierto no laboren en éstos.
“Los antros que hemos revisado cumplen con seguridad privada, los circuitos ya están funcionando, tienen personal capacitado, va Protección Civil, inspección municipal y de alcoholes”, apuntó el secretario.