No hay avance en la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debido a que no ha sido aprobada la reforma laboral, donde se pretendía modificar la actuación de estas oficinas, aseguró el secretario de Trabajo del estado, José Luis Aguilera Rico.
La reforma constitucional en materia laboral, aprobada en febrero de 2017, que desaparece los tribunales del trabajo tradicionales y que crea los juzgados laborales, así como las iniciativas de leyes secundarias, todavía está en discusión en el Senado, pese a que la fecha límite para su aprobación fue el 26 de febrero de este año, explicó el funcionario estatal.
“Lo que estamos haciendo es exponer qué se puede hacer con la reforma laboral, en el centro estatal de conciliación, lo hemos presentado con abogados laboralistas, con la comisión de productividad, les estamos presentando los avances que podemos tener, pero tenemos que esperar a que la reforma laboral se aplique”, puntualizó.
La intención de la reforma constitucional es transformar el derecho procesal del trabajo ya que la justicia laboral será impartida por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
También, replantea la función conciliatoria, se propone constituir una instancia prejudicial, para que los trabajadores y patrones acudan, a fin de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas propias de su nueva responsabilidad.
En el estado de Querétaro, enfatizó Aguilera Rico, las juntas no serán extintas, y seguirán trabajando en los asuntos existentes, mientras que los nuevos casos serán dados a conocer al Tribunal Superior de Justicia.
“Eso es lo que llevamos, pero no estamos recibiendo ninguna señal que se pueda dar la reforma laboral, sigo recibiendo demandas, seguimos en las negociaciones (…) No iban a llegar a las juntas las demandas, iban a llegar al Tribunal Superior de Justicia, el estado deja de tener totalmente el entendimiento de las demandas laborales, que es la rama que hoy nos toca atender”, subrayó.
A nivel federal, la función conciliatoria como etapa previa a los juicios laborales será llevada a cabo por un organismo descentralizado que dependerá de la Secretaría del Trabajo federal.
Al año, refirió el funcionario estatal, es muy variado en número de denuncias que puedan recibir las cinco juntas que hay en la entidad, al tiempo de informar que durante 2017 fueron recibidas alrededor de 2 mil, la mayoría por despidos injustificados.
El empleado, dijo, es el que, hasta en un 95% tendrá posibilidades de ganar el caso, así como que, los procesos, con ganas de ser resueltos por ambas partes, dura aproximadamente tres meses.
“Si no quieren resolver, será eterno, si se quiere arreglar, en tres meses, si no, hay asuntos de 10 años atrás, a veces por 5 mil pesos, que es un año de salarios caídos, si gana, ya no se suma todo por los juicios largos; además el abogado cobra el 30% de las ganancias”, finalizó.