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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal dos bancos de materiales pétreos en las comunidades de Ejido El Pozo y Ejido La Machorra, en el municipio de El Marqués, por no contar con el permiso en materia ambiental.
En un comunicado, la dependencia señaló que la autorización de la que carecían era Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y de Impacto Ambiental, que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Indicó que inspectores adscritos a la subdelegación de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la entidad, se trasladaron al lugar donde ocurrieron los hechos para realizar la respectiva inspección en materia forestal.
Ello, derivado de una denun-cia ciudadana en la que se reportaba la afectación de vegetación forestal por la apertura de bancos de materiales pétreos.
Durante la diligencia, añadió, los inspectores confirmaron los hechos denunciados con la explotación de dos bancos de materiales para la extracción de tepetate y grava, respectivamente, donde fueron afectadas aproximadamente 20 hectáreas de vegetación forestal de matorral crasicaule.
Ambos bancos pétreos cuentan con una licencia de funcionamiento otorgada por el gobierno del estado y, al amparo de ellos, los promoventes no respetaron los polígonos autorizados y realizaron ampliaciones sin autorización en terrenos forestales, afectando la vegetación nativa del lugar, de acuerdo con información oficial emitida por las autoridades.
Medidas de seguridad. Con base en el Artículo 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se ordenó como medida de seguridad la clausura temporal total de ambos sitios y la suspensión temporal total de las actividades en el lugar, con el objetivo de evitar se continuara con la extracción de materiales pétreos o la ampliación de los trabajos de cambio de uso de suelo.
La Profepa reiteró que continuará con las actividades de inspección y vigilancia en la entidad y el resto del país, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, a efecto de prevenir, mitigar y sancionar cualquier violación a la legislación en la materia y daños a los recursos naturales.
