Luego de salir del penal de San José el Alto, tras pagar una fianza (de la cual no reveló el monto), el líder del magisterio disidente, Jerónimo Sánchez Sáenz, afirmó que buscará un amparo federal porque “parece que la justicia en el estado, está coptada”.
En entrevista, comentó que ante esto, no hay manera de hacer valer la legalidad o ligarla a la justicia. “Parece que la justicia camina por un lado y la legalidad por otra”.
Agregó que se usa la justicia como mecanismo para criminalizar la protesta, por lo que acudirá a la justicia federal para pedir el amparo y echar abajo el proceso y todo por lo que lo tienen vinculado.
Sobre las declaraciones, hechas en días pasados por la autoridad, donde dijo que no se permitirá que las marchas afecten a terceros, Sánchez Sáenz consideró que no sabe hasta dónde o cómo se interprete la libre manifestación o esté el derecho.
“No entendí que el primero de mayo [de 2016] hayamos afectado [a alguien]. Los que dañan a terceros son ellos, pues no han hecho la tarea que les corresponde, y ahora nos vinculan a una situación de hartazgo social, como si fuéramos nosotros los que tuviéramos que solucionar las necesidades de la gente”, dijo.
Jerónimo Sánchez precisó que tras salir del penal de San José el Alto, alrededor de las 18:30 horas del martes, lo esperaba su familia y algunos compañeros de lucha, con quienes analizó la situación que se podría venir más adelante.
“No hay elementos para cuadrar un delito como motín, y mucho menos la participación mía en el supuesto. No hay en el expediente elementos para procesarme, es una acción política la que se toma”, expresó.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que tras de la solicitud efectuada por la defensa de Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal le concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución.
“El Juez de la causa fijó al imputado el pago de una multa, así como de una cantidad por concepto de caución personal, las cuales fueron depositadas por su defensa”, precisó la Fiscalía estatal.