Entre 20 y 30 casos de extorsión a trabajadoras sexuales y sus clientes se registran cada semana por parte de elementos policíacos. Los agentes les llegan a pedir hasta 5 mil pesos, aseguró Mónica Mendoza, líder de las trabajadoras sexuales en Querétaro.
Tanto los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Policía Estatal (PoEs) son las corporaciones de las que mayormente se sufren dichos abusos, las cuales están incurriendo en el delito de extorsión, según la dirigente. Sin embargo, estos casos no son denunciados porque los clientes son personas casadas y no desean que su pareja conozca el caso.
La manera en que estos policías amedrentan es señalando que se está ejerciendo el trabajo sexual en vía pública, sin embargo, dicha actividad no representa un delito porque existen puntos en los que esta actividad puede desarrollarse con el aval de las autoridades, e inclusive de los vecinos de la zona, afirmó Mónica Mendoza.
“Lo que las autoridades hacen es que agarran a una trabajadora sexual y lo primero que hacen es extorsionarla, a ella y al cliente, inclusive hasta los llegan a llevar a los cajeros, eso es un delito. A la semana hay muchos, yo hablaría entre 20 o 30 casos, son policía municipal y policía estatal. Desgraciadamente alguien que tiene esposa no va a denunciar, para que no les digan con quien los encontraron”.
Se estima que aproximadamente 99% de las personas que desempeñan trabajo sexual lo hacen en lugares cerrados como bares y cantinas. De tal modo que se estima que haya cerca de mil mujeres ejerciendo el trabajo sexual en las calles donde se les permite: Panorama (para mujeres trans); Río Ayutla, y la calle Cuauhtémoc.
Al cuestionarle sobre la posibilidad de que existiera una zona de tolerancia para que se delimite el trabajo sexual, la dirigente destacó que esto sería una manera de fomentar la prostitución e inclusive podría considerarse que es una forma en la que el gobierno municipal ejerce la trata de personas, pues sería la propia autoridad quien recibiría un recurso por permitir que estas personas ingresaran a trabajar.
“Si hablamos de una zona de tolerancia estamos hablando de una zona de gueto, una zona de trata, no de trabajo sexual, porque quien cobraría sería la propia autoridad. Actualmente hay puntos tolerados no zonas de tolerancia. En Querétaro no tenemos una zona de tolerancia”.
En comparación con la administración estatal pasada, donde se les apoyó para que 600 mujeres accedieran a servicios de salud, Mónica Mendoza destacó que el gobierno actual no tiene la voluntad política para colaborar con las trabajadoras sexuales, pues inclusive el titular de la Secretaría de Gobierno, Juan Martín Granados Torres no ha querido recibir a sus representantes, a pesar de que se le ha buscado, dijo.
“En esta administración no hemos tenido apoyo con la Secretaría de Gobierno, lo hemos buscado pero no se ha tenido, yo espero que no pase mucho tiempo y que podamos trabajar, porque son labores que tenemos que hacer nosotros, el cabildeo y todo lo que conlleva al trabajo sexual. Lo que buscamos es tener un lugar digno donde ejercer el trabajo sexual, yo percibo que hay una falta de voluntad política”.
Sobre el trabajo que está realizando el gobierno del municipio con la organización Unidos Contra la Trata, presidida por la ex legisladora Rosy Orozco, Mónica Mendoza destacó que se está afectando a las trabajadoras sexuales, toda vez que confunde “lenocinio” con “trata de personas”, de tal modo que inclusive se ha encarcelado a una mujer por este error.
Asimismo, destacó que se encuentra a la espera de que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, se homologue con la ley estatal y los reglamentos municipales.
“A mí lo que me causa ruido es que esta señora Rosy Orozco esté utilizando el trabajo sexual para bajar recursos internacionales pero no se esté haciendo nada para las personas que realmente están en situación de trata (…), yo siempre he dicho que esta señora se está aprovechando de la situación”.