La Unión Queretana de Transporte Especializado acusó supuestos actos de corrupción en carreteras estatales y federales, pues indicaron que elementos de seguridad les aplican multas injustificadas por las que han tenido que pagar hasta 40 mil pesos, señaló Joel Molina, presidente de la unión.

En rueda de prensa, miembros de las diez empresas que integran la Unión Queretana de Transporte Especializado, informaron que desde hace siete meses sufren la supuesta problemática, por lo que esperan que el Instituto Queretano del Transporte (IQT) a través de su titular, Alejandro López Franco, intervenga par dar solución, pues señalaron que hasta ahora el funcionario se ha negado a recibirlos.

Explicaron que los policías les piden una segunda placa de índole federal, para que las unidades puedan transitar por las carreteras fuera de Querétaro, pero el problema se repite en municipios al interior del estado, donde las policías municipales les piden un permiso para circular fuera de la capital, de lo contrario, los camiones son llevados al corralón además de que les imponen multas que varían entre los 20 mil y los 40 mil pesos.

“Pedimos a Alejandro López Franco que nos atienda. Definiremos con qué licencia vamos a trabajar, eso es lo que estamos pidiendo”, dijo Joel Molina.

“Es porque circulamos en carreteras federales con placas del estado, debemos tener entonces dos placas. Se tenía un convenio en donde se permitía circular 40 kilómetros en carreteras federales con placas estatales, pero eso ya no lo están respetando. Antes era nada más en lo federal, pero ahora ya pasa en El Marqués, en Pedro Escobedo en Huimilpan, policía municipal, estatal, de todos”, agregó el transportista Antonio Seguedo.

Reportaron que viven diez de estas situaciones diariamente y que cuando acuden al instituto para saber qué se necesita para obtener la segunda placa, no hay personal capacitado para atenderlos.

Reconocieron que la pérdida económica es incalculable, pues han pagado multas, corralón, servicio de grúa e incluso han pagado a las empresas que han perdido producción porque sus empleados llegan tarde. Por estas situaciones, dijeron, se han visto obligados a pagar ‘mordidas’ para liberar unidades y pasajeros.

Además los transportistas reiteraron que con dichas multas y retenes que califican como injustificados, se pone en riesgo la vida de los pasajeros.

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