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El Tribunal de lo Contencioso administrativo prepara sus ajustes para adecuarse a la ley estatal anticorrupción. El órgano se redefinirá como Tribunal de Justicia Administrativa y estará dividido en diversas áreas para impartir justicia en materia de corrupción.
Fabiola Mondragón, magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso, explicó que el órgano tiene este mes para ajustarse a las nuevas disposiciones y consideró necesario incrementar el personal para realizar una labor eficaz a partir de que entre en vigor el sistema anticorrupción.
“Hay varias reformas, seremos un tribunal colegiado, no unitario, los nuevos magistrados inician actividades a partir del martes 18 de abril en la primera sesión de instalación del pleno, vamos a trabajar en secciones, va a haber una sala especializada y esperamos que para el 19 de julio estemos contando con reglamentos, así como el personal capacitado en esta nueva estructura”.
Agregó que este tribunal ya definido de Justicia Administrativa sancionarán de forma directa a los servidores públicos que incurran en alguna falta grave así como a los particulares que estén vinculados con actos contractuales con entidades públicas.
La magistrada consideró que se debe analizar la creación de nuevas plazas laborales “con el incremento de trabajo que vamos a tener, vamos a requerir por lo menos ocho personas más, así como contralores capacitados en la materia”.
Actualmente, el Tribunal cuenta con 45 trabajadores pero la magistrada aseguró que falta personal, como en el caso del Juzgado de Cadereyta, donde se requiere un proyectista.
Recordó que antes de que concluya abril deberán estar listas las leyes secundarias del sistema federal anticorrupción, mientras que las entidades tienen hasta la primera quincena de julio para contar con sus leyes locales y definir a su fiscal anticorrupción.
Detalló que las entidades que conformaran el sistema incluyen al fiscal, serán además la Secretaría de la Contraloría, la Entidad Superior de Fiscalización, un representante del Consejo de la Judicatura del poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso.
Agregó que en el estado, los legisladores locales serán quienes nombren al fiscal anticorrupción de Querétaro, necesario para que contribuya a que se homologuen los criterios de la ley estatal anticorrupción con el sistema nacional. “El fiscal anticorrupción del estado se debe elegir a mas tardar en mayo, porque en este periodo se debe cumplir con todas las partes del sistema para que entre en vigor, por ello es que los estados deben contar con sus leyes locales en este tema”.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo registra un incremento de 30% en asuntos en lo que va del año, por la recurrencia de procesos en contra de infracciones de tránsito y cobros de impuestos en la entidad, como es el caso de predial, siendo los principales hechos que se siguen en esta instancia. “Cuando son años electorales hay menos actos de autoridad, como fue el caso de 2015, pero a partir de 2016 comenzaron a incrementar recursos de inconformidad por clausuras, cobros de predial e infracciones de tránsito en las que no están de acuerdo los particulares y recurren al Tribunal”.
Explicó que en el caso de las multas de tránsito, el desahogo de los recursos de amparo tarda en resolverse de 30 a 70 días, lo que genera que el Tribunal cuente con una carga de trabajo por estos casos. El 95% de los procesos finalizan a favor de particulares. Agregó que en recientes semanas también aumentaron recursos de inconformidad de prestadores de servicio de transporte de alquiler a través de Uber.
