En lo que va de 2018 se han reforestado más de 2 mil 100 hectáreas erosionadas por la ganadería intensiva, informó Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro.
Las acciones forman parte del Proyecto Nacional de Restauración de Suelos Agrícolas y Ganaderos, impulsada por la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (Cofupro), y respaldada por la Sagarpa y el Inca Rural.
De 2015 a 2017 se han reforestado más de 11 mil 900 hectáreas mediante el sembrado de pastizales en los municipios de Amealco, Huimilpan, Ezequiel Montes y Arroyo Seco. Estas zonas estaban sobreexplotadas por la alta producción ganadera, dijo Ugalde.
Con la plantación de semilla de pasto se recuperan los suelos y se mejora la captación de agua, aseguró. A junio de 2018 ya se ha superado el ritmo de recuperación del mismo periodo en 2017.
Como parte del programa, en el estado se tienen cuatro proyectos de captación de agua que permitirán dar de beber a más de 8 mil animales de ganado sin explotar el agua del subsuelo, destacó.
Con una inversión de 19 millones de pesos de aportación federal y de los productores, se están construyendo captadores de agua en la cabecera de Landa de Matamoros, en la comunidad de Otates, en el mismo municipio. Además se tienen proyectos en las comunidades de Potrero Nuevo y El Sitio, en San Juan del Río.
En Querétaro existen 22 granjas altamente productivas con biodigestores para procesar el excremento del ganado y convertirlo en gas metano. Este proyecto se inició con capital privado y se basa en la venta de bonos de carbono y la producción de energía.
Las granjas participantes calculan la cantidad de metano que deja de llegar a la atmósfera gracias a los biodigestores y se genera un bono de carbono. Este bono es vendido a las empresa, como un permiso para contaminar por la misma cantidad capturada.
Sin embargo, el proyecto es muy caro, pues un biodigestor cuesta por lo menos 2 millones de pesos. Sólo las grandes granjas con más de 400 animales pueden hacer tal proyecto rentable.
Según los acuerdos de París de 2015, México se comprometió a reducir las emisiones anuales de gases efecto invernadero en 22% y 51 % el carbono negro.