El fraude inmobiliario en México registró en el último año una incidencia de hasta 20% en entidades como Querétaro y Ciudad de México; en Guanajuato no hubo este tipo de casos, señalaron especialistas.
Eric Cházaro Cavero, miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) destacó el caso de Guanajuato, estado donde se creó una ley con el objetivo de regular la actividad de los profesionales inmobiliarios y con ello se da certeza a este tipo de transacciones.
En la actualidad hay 18 estados de la República que ya cuentan con una ley inmobiliaria y con ello la base jurídica para profesionalizar y dar seguridad en este sector, y se pretende impulsar en cada entidad restante.
Y es que lugares como la Ciudad de México carecen de este tipo de regulaciones y solamente hay un patrón de profesionales inmobiliarios, pero no genera ninguna otra responsabilidad y los defraudadores conocen estas lagunas legales y operan en base a ello, señaló Cházaro Cavero.
El fraude inmobiliario más común es aquel en donde un defraudador se hace pasar por el dueño de un inmueble, departamento, casa, terreno o incluso un local comercial.
Los estafadores dan citas a los interesados para mostrar la propiedad y piden un adelanto de algunas decenas de miles de pesos para que quede comprometido y apartado, tras lo cual la víctima da el dinero y los defraudadores desaparecen.
Incluso llevan copias de las escrituras para demostrar que son dueños; sin embargo, dichos documentos son apócrifos.
Otro tipo de fraude es aquel en el que una o varias personas compran un terreno en conjunto y que luego un grupo de compradores desconoce a los demás y se apropia de todo el inmueble.
Es el caso de Gabriela González Cazares, quien junto con 35 familias adquirió en 2003 un terreno ubicado en Ticoman 643, en la colonia Santa María Ticoman, en Gustavo A Madero, de casi una hectárea y que con el tiempo se construyó un conjunto habitacional de 280 departamentos, pero no les entregaron los departamentos que les correspondían.
Presentaron una demanda por presunto fraude en contra de Judith Barrios y Amando Montiel, quienes también adquirieron parte de esa propiedad y que, de acuerdo con González Cázares, no respetaron los acuerdos, situación que es revisada por las autoridades capitalinas.
Eric Cházaro afirma que es necesario regular en cada entidad federativa la acción inmobiliaria para dar certeza a las transacciones de compra-venta de inmuebles.