La delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Querétaro promoverá la implementación de la Norma 034, referente a la adecuación de centros de trabajo para personas con discapacidad, por lo que evaluarán qué porcentaje de las 22 mil unidades económicas del estado deberán aplicar la reglamentación, dio a conocer la titular de la dependencia federal, Bibiana Barbosa Bonola.
Explicó que se trata de una normativa que fue publicada el año pasado, con la cual se establece el cumplimiento obligatorio de las adecuaciones en aquellos centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, independientemente de que tengan personal con discapacidad, no obstante esta regulación también prevé incentivos fiscales para las empresas.
“Uno de los incentivos es que es 100% deducible de impuestos las adaptaciones que puedan hacer al Centro de Trabajo. Es una forma en la que la STPS está comprometida en generar estos enlaces con las personas que son productivas y que tienen una discapacidad, además de los incentivos fiscales que esto conlleva en una nómina con la condonación del 100% del ISR”, puntualizó.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al 2016, en Querétaro la tasa de discapacidad era de 60 por cada mil habitantes, es decir alrededor de 122 mil personas.
La funcionaria federal reconoció que no hay un diagnóstico en Querétaro de cuántas empresas deben aplicar la norma a partir de este año, por ello es que la delegación se encuentra en el proceso de verificar cuáles centros de trabajo deben acatar la norma, de tal forma que se promueva la implementación de las adaptaciones en los espacios de manera paulatina.
Aunque subrayó que trabajarán en identificar aquellas unidades productivas con más de 50 trabajadores, al ser las que tienen obligatoriedad, dijo que los incentivos fiscales también aplican a las empresas fuera de este rango, dado que el objetivo es promover la inclusión de las personas con discapacidad. En Querétaro, agregó, hay 22 mil unidades económicas, sin embargo no todas están obligadas a la normativa.
Bibiana Barbosa estimó que este año se deberán entregar los primeros resultados de la implementación de la norma, por ello es que una vez que se tenga el diagnóstico habrá acercamientos con los empresarios para concientizar e impulsar que opten por generar espacios laborales y condiciones aptas para trabajadores con discapacidad.
La delegada subrayó que esta regulación concierne al tema de la seguridad en las empresas, por ello es que en caso de incumplimientos, después del periodo de promoción de la norma, la ley considera aplicación de multas con sanciones que van desde 250 hasta 5 mil unidades de medida, es decir alrededor de 20 mil pesos hasta 400 mil pesos.
“La situación no es multar, es generar todas las condiciones para que los centros de trabajo cumplan, sobre todo en el tema de incentivos porque es 100% deducible de impuestos la obra civil que se pueda hacer en materia”.