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Organizaciones de la diversidad sexual informaron que la joven que fue internada en un anexo por sus familiares por ser lesbiana, ya dejó ese lugar, por lo que se congratularon ante la medida e hicieron votos porque estos casos no vuelvan a presentarse en Querétaro.
En un comunicado, las organizaciones La Tortillería Queretana, el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico y Porter Abogados señalaron que “queremos comunicar que nos hemos enterado que la joven mujer ingresada en un anexo en contra de su voluntad, con la intención de ‘curar’ su lesbiandad ha salido ya. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada todavía por la afectada”.
De ser así, indicaron, no pueden dejar de congratularse por la noticia. “Este ha sido un paso importante para visibilizar y dejar de normalizar la situación de discriminación que todavía viven las mujeres lesbianas y bisexuales en Querétaro”.
Además, continuó, “damos las gracias a todas las personas, instituciones y organizaciones sociales que se solidarizaron con esta causa, que se preocuparon y ocuparon en ejercer presión para la puesta en libertad de la joven. Sin embargo, la visibilización de este caso nos llevó a saber que éste sólo era la punta del iceberg de un patrón de comportamiento familiar, ya que ahora sabemos que otras cinco mujeres lesbianas sufrieron situaciones similares aquí en Querétaro”.
También se unieron y solidarizaron a las voces de que han manifestado públicamente en los medios de comunicación y redes sociales la necesidad urgente de regular los anexos en el estado de Querétaro.
Como se recordará, semanas atrás una joven denunció que su novia había sido internada en un anexo para “curar” su preferencia sexual, lo que causó la reacción de indignación de toda la sociedad, funcionarios y legisladores, que pidieron regular el funcionamiento de anexos para evitar este tipo de vejaciones que son violatorias de los derechos humanos.
Por su parte, en su muro de Facebook, La Tortillería Queretana recordó que “el martes 7 de marzo recibimos con indignación la noticia que aseguraba que una joven lesbiana de 19 años permanecía internada desde hacía un mes en un centro de rehabilitación de adicciones ubicado en el municipio de Corregidora, Querétaro; su familia habría considerado necesario ‘curarla’ de su lesbiandad. De esa fecha a hoy, 17 de marzo, hemos recibido cinco casos más”.
Explicó que a las lesbianas durante siglos se les ha ocultado, han borrado su historia y su genealogía, “se nos ha trivializado, pero también se nos ha asesinado y torturado en nombre de Dios y de la ciencia, herencia victoriana y también inquisitorial. La reclusión en anexos es el ejercicio contemporáneo de exterminio y limpieza social, tan solo una muestra del pánico que la sociedad siente por las mujeres libres, potencialmente subversivas para el orden patriarcal que rompen con la obligada heterosexualidad”.
Servirse de la “enfermedad” que les representa la lesbiandad para perpetuar la heterosexualidad como única posibilidad, demuestra que la sociedad está ocupada en la regulación, control y apropiación del cuerpo de las hembras humanas. Aprovechar la rigidez y las irregularidades de los anexos para normar la conducta de las mujeres es un ejercicio de poder ejercido por su grupo primario de socialización con paternalista justificación y respaldado, por omisión, por las instituciones del estado, explicó la organización.
“Independiente de lo que ocurra a partir de ahora con el caso que nos convocó, no podemos dejar de señalar la relevancia que tuvo éste para visibilizar una realidad que están viviendo mujeres lesbianas en Querétaro”.
Precisó que en los casos que han tenido oportunidad de conocer, identifican un patrón que coincide con lo que informaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015: mujeres jóvenes, lesbianas o bisexuales, con engaños o a la fuerza son llevadas por familiares cercanos (generalmente padre, madre o tutores) a centros de rehabilitación de adicciones privados. En ocasiones con la complicidad de agentes policiales del estado. Quienes escapan una o más veces del centro de rehabilitación reciben amonestaciones que incluyen la extensión del período de permanencia en el anexo.
Una vez afuera —por voluntad de la madre, padre o tutores—, las víctimas no denuncian legal ni socialmente lo ocurrido.
