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Con la participación de empresarios y organizaciones civiles, en la Legislatura del estado, se celebró la conferencia Principios Rectores de Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, impartida por Nira Cádenas, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La defensora de derechos humanos reflexionó sobre la responsabilidad de los gobiernos y la iniciativa privada de garantizar derechos humanos al operar una empresa, “y que tiene que ver no solo con derechos laborales sino con todo lo que puede afectar a la comunidad.
Es decir, con la instalación de algunas empresas inevitablemente existen afectaciones ambientales, de armonía social, o la omisión de la medición de riesgos con daños colaterales relacionados con el medio ambiente y la seguridad”.
Nira Cádenas aseguró que, “de la mano, el Estado y las empresas deben garantizar el respeto a los derechos humanos, por lo tanto, cuidar temas como la discriminación y la falta de verdaderas políticas de inclusión social”.
Dijo que los tres principios rectores se relacionan con la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y de tener mecanismos de resarcimiento eficaces: “Las empresas deben asumir un compromiso político de respeto a los derechos humanos... que exista un proceso de diligencia para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan estos temas; además de mecanismos que permitan reparar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que haya provocado en su proceso”.
Subrayó que la responsabilidad del Estado es proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de su territorio por terceros, incluidas las empresas, “por lo que deben adoptar medidas para prevenir, investigar, castigar y repara los abusos”; además, deben denunciar que las empresas de su jurisdicción están obligadas a cumplir con los derechos de todas las personas.
Dijo que para hacer efectivos los principios rectores, es necesario que exista una evaluación periódica para determinar si las leyes mexicanas, en cada jurisdicción, son las adecuadas para el tiempo que se vive; asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino propicien el respeto de los derechos humanos en las empresas; además de asesorar de manera eficaz a las empresas.
La presidenta de la comisión de derechos humanos y acceso a la información, Isabel Aguilar Morales, recordó que, ante la creciente actividad de la iniciativa privada, el Consejo de Derechos Humanos adoptó los principios rectores sobre las empresas con la colaboración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Somos testigos de un creciente reconocimiento internacional del papel de los derechos humanos en el desarrollo sustentable, así como la contribución de que las empresas pueden y deberían llevar a cabo relación a ciertos problemas globales, como es el cambio climático, la pobreza y la desigualdad”.
