Más Información
“No es acoso, es aplicar la ley” respondió el gobernador Francisco Domínguez Servién a los operadores de la plataforma Uber, quienes ayer en la mañana pidieron públicamente a las autoridades que cesen “la cacería de brujas” que supuestamente existe en su contra.
La manifestación se dio luego de que el Instituto Queretano del Transporte (IQT) hiciera la primera entrega de 300 permisos para el servicio de transporte ejecutivo, estos transportistas operarán a través de cualquiera de las 21 plataformas digitales que cumplieron con los lineamientos.
Sin embargo, Uber desistió de participar por considerar que la ley de movilidad del estado violenta los derechos de la empresa y sus socios; la regulación surgió tras la llegada al estado, en 2015, de plataformas como ésta y Cabify al estado, ésta última sí tiene permiso legal para operar.
“[Les digo] que vamos a aplicar todo el estado de derecho, ellos [Uber] no están dentro de la ley, lo que estamos haciendo no es acoso, es aplicar el marco normativo ya que no han querido acatarlo”, dijo.
El gobernador reiteró que el objetivo de reformar para dar cabida al servicio de taxi ejecutivo, es garantizar la seguridad de los usuarios y los choferes, a través de herramientas tecnológicas.
Con la entrega de permisos, la autoridad tiene pleno acceso a la base de datos de las 21 plataformas que incluye la lista de los choferes que cumplieron con una serie de requisitos y los automóviles que operan.
Recordó que los automóviles de Uber están fuera de la ley y por tanto son un servicio pirata, y como tal, deberá enfrentar sanciones administrativas como la aplicación de multas y la remisión de los automóviles a corralón; aquellos que reincidan, enfrentarán cargos penales.
“Lo repito, es por seguridad de los usuarios, ya lo dijo el secretario de Gobierno [Juan Granados] que el que reincida, va a tener una acción penal y no vamos a jugar con el tema”, indicó.
La entrega de permisos se da a más de un año de reformar la ley de movilidad, donde se especificaron los lineamientos para operar el servicio ejecutivo que implica la usar un automóvil particular para el traslado de pasajeros; debe ser regulado por el Poder Ejecutivo por tratarse de un asunto de su competencia.
